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Hombres y mujeres, militantes de tres generaciones, jubilados ilustres y jóvenes inquietos. Partidarios de Soraya Sáenz de Santamaría, de Pablo Casado, de Dolores de Cospedal, ... hasta de Ignacio Diego. En las listas para las triunfales elecciones autonómicas y municipales y para las decepcionantes generales, y también en los distintos niveles de la Administración regional, la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha colocado a amigos, enemigos y mediopensionistas con los que ha convivido en los seis últimos años tan convulsos del partido. Pocos que tuvieran aspiraciones se habrán quedado fuera de la nómina de altos cargos que el PP no ha logrado adelgazar respecto a la del Ejecutivo PRC/PSOE. Una integración total como si ya estuvieran pensando en ganar por goleada el próximo congreso cuando toque, allá por 2026, aunque lo inmediato es afrontar desde el inicio del nuevo curso político el gran desafío de gobernar Cantabria sin una confortable mayoría absoluta.
Buruaga ha emitido en los últimos tiempos muchos claros mensajes de su disposición a cerrar todas o casi todas las heridas abiertas en el partido. Algunas resultaban tan peligrosas como el distanciamiento con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a la que finalmente incorporó a la dirección del partido y a la candidatura autonómica, con o sin la presión de Madrid, o la guerra con el diputado nacional hasta el 23J, Diego Movellán. No se trata de ser amigos íntimos sino de remar hacia el mismo lado. Para empezar, una valiosa mayoría absoluta en Santander y un ciclo fluido en las relaciones entre el Gobierno y la capital, igual que en Camargo con Movellán y en otras muchas alcaldías cuyos titulares habían estado alejados de la cúpula del partido durante demasiado tiempo.
La lista de los dirigentes más o menos críticos en los últimos años que vuelven al redil es relevante: desde el diputado regional Álvaro Aguirre, que sigue en la Cámara, hasta el exsenador Javier Puente, recuperado como director de Innovación, o Elena Castillo, trasvasada del Congreso al Senado, o el exdelegado del Gobierno Samuel Ruiz, que deja los negocios para dirigir el 112. También regresan a la primera línea política unos cuantos fieles que habían quedado relegados años atrás como Ana Madrazo o concejales en Santander con Gonzalo Piñeiro o Íñigo de la Serna como Víctor Gil, Rafael de la Gándara, María Tejerina o Ana González Pescador.
En el PP no han pasado desapercibidos los gestos por la cohesión de la presidenta Buruaga, a quien reconocen la generosidad y la visión política que entrañan estos movimientos. Pero claro, no faltan los chistes –«ya solo faltan por volver Quico Rodríguez, Santi Recio y Ruth Beitia»– y algunos temores inevitables de que a su debido tiempo se reproduzcan las capillitas y las puñaladas traperas en el acontecer partidario. O sea, que una cosa es el perdón y otra el olvido.
El reclutamiento no ha terminado, ni mucho menos. Quedan por cubrir cargos golosos en las empresas públicas, que entrañan sus propios procedimientos selectivos o el Puerto de Santander, la 'joya de la corona'.
Ha habido más audacia en la recuperación de un buen puñado de díscolos para la primera línea política del PP que en la configuración del Consejo de Gobierno que debiera haber sido un gran hito renovador tras ocho años en la oposición. Sin embargo, el reparto de actores ha resultado en buena medida previsible y sin fichajes de relumbrón.
En este capítulo de la conversación pública, referida a los gobiernos de distintos territorios e ideologías, surge el argumento recurrente de que las administraciones públicas tienen dificultades para cubrir sus organigramas porque no pueden pagar los sueldos que exigen los primeros ejecutivos del ámbito privado. Con toda seguridad eso es así, pero también es cierto que se corren muy pocos riesgos con profesionales jóvenes de excelente formación e incluso alguna experiencia que podrían rendir a alto nivel si se les otorgara la imprescindible confianza. Una y otra vez, los partidos optan por soluciones conservadoras, sin alardes. Como les cuesta encontrar candidatos, terminan por encargar los cargos ejecutivos a quienes han sido portavoces destacados de la oposición (Isabel Urrutia y Roberto Media), o tiran de la cantera del partido (Eva Guillermina Fernández o Sergio Silva, entre otros) o rescatan de la jubilación política y/o laboral a gestores ya conocidos como César Pascual o Eduardo Arasti. Y desde luego, se constata una fuerte impronta funcionarial que imprime a la gobernanza y a la acción legislativa ritmos lentos y cautelas excesivas cuando más bien se trata de poner de relieve un nuevo impulso político. También algún alto cargo de segundo nivel que ha trabajado para uno u otro partido del anterior Gobierno PRC/PSOE sigue en el nuevo régimen y el PP hasta ha valorado fichar al exlíder de Ciudadanos, Félix Álvarez, como gestor cultural. Bueno, sería una inversión en quien todavía puede conservar un cierto caudal político: 7.450 votos en su despedida de las urnas autonómicas.
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