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La memoria histórica es la materia que más atención ha requerido del Parlamento en los últimos años, desde la anterior legislatura cuando el Ejecutivo Revilla aprobó la ley que la regula hasta la presente cuando el PP y Vox se alían para derogarla. Algo parecido ... sucede en otras cámaras regionales: antes y ahora, mucha revisión del pasado cuando hay tantos asuntos del presente y del futuro por abordar. La izquierda sigue en pleno fragor para ganar la pelea de la postguerra civil en la política y en la calle y la derecha se pone firme con la supresión legislativa, aunque dicho sea de paso, en estos días a sus votantes les habría gustado aún más que PP y Vox hubiesen sido diligentes en el Congreso en un asunto más cercano en el tiempo y no caer en la desidia de apoyar con sus votos la excarcelación prematura de más de 40 etarras en un error sangriento para las víctimas del terror.
El largo debate sobre la memoria histórica en Cantabria es un duelo por parejas cambiantes. Los partidos que ocupan los extremos del arco parlamentario son los que se encuentran más cómodos en la pugna ideológica. A la izquierda está sólo el PSOE, promotor principal de la ley en la pasada legislatura. A la derecha. Vox, radicalmente en contra. PP y PRC son más flexibles y proclives al entendimiento, pero no siempre es posible. Finalmente, la coalición gubernamental presidida por Revilla aprobó la norma en 2021 y ahora PP y Vox están a punto de derogarla porque la juzgan sectaria entre buenos y malos, doctrinaria en las aulas y nociva para la convivencia, máxime con esa idea de establecer una verdad oficial, con una comisión que depure y sancione las disidencias.
El PP cántabro ha dejado pasar un año desde su llegada al Gobierno, hasta concluir el intenso calendario electoral, y ha acometido la derogación de la ley recientemente, una semana después de que Vox le robase la merienda al formalizar su proposición parlamentaria. Bueno, a un Gobierno en minoría como el de María José Sáenz de Buruaga nunca le viene mal ceder un poco y llegar a eventuales acuerdos con un grupo que le puede prestar sus votos cuando le hagan falta.
PP y Vox impulsaron en toda España una ofensiva sobre la memoria histórica a partir de las elecciones autonómicas de 2023, que dibujaron un mapa dominante del centro y la derecha con pactos de gobierno en seis comunidades. Por entonces, Aragón, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura iniciaron en sus parlamentos los trámites para derogar las leyes aprobadas, mientras el Gobierno central se aprestaba a recurrir tales iniciativas ante el Tribunal Constitucional.
Pero el ritmo vertiginoso de la política española obliga a cambiar de planes en cualquier momento. En julio, Vox decidió romper los pactos alcanzados con el PP en las autonomías y eso afectó naturalmente a la memoria histórica. El mapa ahora es muy diverso: Andalucía tiene su propia ley bendecida por el PP de Moreno Bonilla, Aragón tiene paralizada la derogación por el Constitucional, Comunidad Valenciana, Castilla y León y la propia Aragón contemplan leyes de 'concordia', un modelo descafeinado en la condena del franquismo y en la divulgación de fosas comunes, que ha sido desautorizado por la ONU. Y mientras, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla-La Mancha no tienen legislaciones propias de memoria histórica y se acogen a la normativa nacional.
El plan de Cantabria tras la derogación de la ley de memoria histórica está en el aire, pero el modelo de concordia no gusta mucho. Otra opción es la ley nacional, reforzada con algunas garantías adicionales en aspectos importantes como la búsqueda de fosas y exhumación de cadáveres.
En este caso, y en muchos otros, emerge el debate sobre si es útil y/o procedente legislar en las regiones materias reguladas por la legislación nacional, más allá de la discusión ideológica que promueven los partidos. En Cantabria, la primera exhumación de una víctima de la guerra civil, el alcalde franquista de Sotres y guarda de los Picos de Europa, Eloy Campillo, se produjo en 2019 al amparo de la ley nacional de memoria democrática de 2007, con el aliento del entonces vicepresidente del Gobierno regional, el socialista Pablo Zuloaga.
Vox se felicita porque su presión al PP haya dado resultado y la derogación sea ya una realidad mientras los populares, por su parte, quieren cerrar ya el capítulo con el menor ruido posible: ni las 27 comparecencias de expertos pedidas por PRC y PSOE ni más protestas en la calle si es posible. Más difícil será librarse del recurso del Constitucional a la derogación de la ley. Un fastidio para el PP, que ya no quiere dedicar el tiempo a revisar el pasado guerracivilista, sino a perseguir la corrupción del sanchismo, a vender la nueva agenda social de Feijóo –la vivienda, la inmigración, la semana laboral de cuatro días…- y hasta apoyar en el Congreso la disolución de la Fundación Francisco Franco, pero esta vez queriendo, no la chapuza del otro día con los etarras.
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