Ofensiva contra la amnistía y por las reivindicaciones

En la denuncia parlamentaria del PP no sólo se alude al fraude electoral de Sánchez y el PSOE por conceder la amnistía que negaba antes del 23J y abrir la puerta al referéndum de autodeterminación, sino también a los agravios comparativos que la entrega gubernamental a los independentismos suponen para Cantabria: la condonación de la deuda catalana, los privilegios en la financiación autonómica o la cesión de los impuestos, entre otros capítulos del largo catálogo enunciado en el debate parlamentario por el diputado regional y senador autonómico Íñigo Fernández.

Estas y otras materias son las que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga quiere abordar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como los anteriores ministros no han encontrado hueco en sus agendas para abordar los asuntos de Cantabria en los últimos meses, queda por ver si el flamante Gobierno central reacciona a las cartas con las que Cantabria reclama atención, entre otros de la confirmada vicepresidenta Teresa Ribera, que mima a los lobos que hacen estragos en el medio rural, y del recién llegado Óscar Puente, de quien el PP teme que responda con desdén, si no con ladridos, a las demandas en materia de conexiones ferroviarias de alta velocidad y cercanías, autovías, carreteras, financiación del Mupac etc.

El Gobierno Buruaga busca el consenso en la reivindicación a Madrid en dos formatos. Por un lado, en el ámbito interregional, con las regiones del Noroeste, que la presidenta observa como las más perjudicadas por el pacto de investidura de Sánchez por lo que va a suponer en el déficit de infraestructuras, la Ley de Costas o la amenaza del lobo, y por otro, para defender el ámbito estrictamente cántabro.

La aprobación de la iniciativa contra la amnistía y los privilegios al separatismo, por 27 de los 35 votos del Parlamento, que han sumado PP, PRC y Vox, supone una sólida base para el llamado consenso reivindicativo. Unanimidad en el fondo y algunas curiosidades en las formas. Por ejemplo, en el PRC, que con Revilla al frente del Ejecutivo regional y Mazón en el Congreso casi siempre apoyaba a Sánchez en la gestión y mantenía las distancias en aquellos asuntos que entrañaban cesiones a los independentistas. Esta vez, el portavoz parlamentario Pedro Hernando mostró una suerte de equidistancia para restar importancia a la incierta amnistía y extremar el celo para que no se le hurten recursos a Cantabria.

Y Vox Cantabria, siempre crítico con el PP, cambió el registro. Su portavoz, Leticia Díaz, no puso ni una pega y apoyó sin reservas la propuesta del PP contra la amnistía. Eso no suele pasar ni en el debate nacional, en el que Vox, cuando ataca a Pedro Sánchez, siempre reserva una buena ración crítica para descalificar y poner en evidencia al PP. A Feijóo le hace daño, a Abascal no está claro que todavía le beneficie y el que sonríe encantado en ese desencuentro de los dos partidos de la 'derechona' es Sánchez.

Al PSOE le toca defender en solitario la amnistía y lo que haga falta para mantener al jefe en el trono. En el Parlamento cántabro le tocó al expresidente de la institución, Joaquín Gómez, hacer de tripas corazón con un discurso que, él bien lo sabe, provoca el clamoroso rechazo de la mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos votantes socialistas. Al PSOE, en Cantabria y en toda España, le preocupan los insultos y amenazas a sus dirigentes y los ataques a sus sedes que se han producido estos días. Sin ir más lejos, los diputados nacionales Pedro Casares y Noelia Cobo, vilipendiados y amedrentados en público o en las redes sociales por su disciplinado voto de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía. Este acoso directo a los socialistas es inadmisible y condenable sin paliativos, aunque demuestra la indignación que reina en la ciudadanía por la deriva de la política nacional hacia un paisaje distinto que pone a prueba el modelo constitucional vigente durante más de cuatro décadas.