El poder, el gobierno en minoría y el despliegue legislativo

Tras un año en blanco, el Ejecutivo del PP que preside María José Sáenz de Buruaga, que acaba de purgar a dos de los consejeros más desgastados, el de Ganadería y la de Cultura, se propone tramitar un paquete de leyes muy considerable, hasta una veintena: desde las que persiguen la simplificación administrativa y la participación ciudadana, a la regulación del régimen local, la vivienda, las carreteras y el transporte marítimo, la memoria histórica, la juventud, los derechos LGTBi… Pero para sacar adelante todo este volumen legislativo el Gobierno del PP sigue con los mismos 15 diputados que le asignaron las urnas en 2023, tres menos de los 18 que marcan la mayoría en el Parlamento. Todo un desafío.

En La Moncloa, el presidente Sánchez y su Gobierno ya se han acostumbrado a la falta de respaldo parlamentario porque la 'mayoría Frankenstein' que le llevó al poder y luego le mantuvo ahora falla por aquí o por allá, así que no es posible aprobar leyes, ni siquiera los sagrados Presupuestos que han tenido que ser prorrogados. Pero Sánchez no se deja impresionar por el apoyo escaso y los revolcones parlamentarios, como esta semana en los asuntos de la crisis migratoria y Venezuela, y acaba de decir que seguirá operando con o sin el concurso del poder legislativo, y a golpe de decreto cuando haga falta.

El PP y en general los grupos políticos de la oposición subrayan la debilidad política de Sánchez y el PSOE, pero eso es mucho decir. Acaba de hacer presidente a Salvador Illa en Cataluña con el habitual capítulo de cesiones al independentismo y controla todos los poderes importantes: el Consejo del Estado, RTVE, el CIS, con militantes socialistas al frente, y como si lo fueran quienes dirigen la Fiscalía General, el Banco de España o el Tribunal Constitucional que resuelve a favor del sanchismo los conflictos políticos y las tramas corruptas que aparecen entre el polvo del camino. Antes el PP tenía un solo dominio, el CGPJ, ahora ya no tiene ninguno.

El Ejecutivo Buruaga, aún en minoría, no parece arredrarse cuando anuncia un despliegue legislativo tan importante. Será que cree haber perfeccionado la aritmética variable para pactar en la Cámara con la oposición de PRC y Vox. En el primer curso de la legislatura, el PP aprobó con apoyo regionalista los Presupuestos 2024, con la reforma fiscal y la ley del suelo. Pocos asuntos, pero muy importantes.

Dos modelos distintos de ejercer el poder desde gobiernos en minoría, a ver cómo les sale. Frente al autoritario bombardeo de decretos del Gobierno central, el intenso desafío parlamentario que enfrenta el PP cántabro puede ser más arriesgado, pero también más respetuoso con los usos democráticos.

Un debate colateral que en ocasiones se plantea es sobre la abundancia legislativa en los Parlamentos regionales, Hay opiniones contrapuestas. La políticamente correcta abunda en que si se crea y se dota una cámara legislativa es para que funcione a pleno rendimientos, en el plano normativo y en el control del Gobierno. Tramitar todo tipo de leyes regionales, afirman, consolida el hito autonómico y el autogobierno.

Los más pragmáticos piensan que en las Cámaras regionales se legisla demasiado, que no tiene sentido implantar 17 leyes distintas sobre los mismos asuntos en cada una de las comunidades, a puro corta y pega, en una sobrerregulación que no hace otra cosa que enmarañar las políticas sociales o la actividad de las empresas que operan en todo el país y que deben atender a las pequeñas o grandes diferencias legales que se establecen en cada región.

La teoría más simplificadora es que en una región como Cantabria tienen más sentido las normativas que afecten a la ganadería, la pesca, la protección y control de especies, al urbanismo, al patrimonio o las actividades específicas de la región, a la economía y los tributos, y son más discutibles las que ya disponen de un marco general en todo el país. La memoria histórica da mucho que hablar, pero es dudoso que Cantabria o cualquier comunidad necesite una ley específica, o los derechos LGTBi, o una normativa sobre el cambio climático entre Ontón y Unquera, más allá de los jugosos debates ideológicos que estos temas generan.

Entre los partidarios de administrar la pulsión normativa, de legislar menos para no confundir más, figuraba todo un presidente del Parlamento cántabro, José Antonio Cagigas. En la legislatura 22011-2015, el PP gobernante con Ignacio Diego redujo el hemiciclo de 39 a 35 escaños. Cagigas defendía que con 20 diputados bastaba, pero ningún partido quiso llegar tan lejos en el ahorro.