El PP llega como favorito al ecuador de la legislatura

Resulta llamativo el hecho de que dirigentes y militantes de los partidos opositores, en las conversaciones reservadas ya no se preguntan si el PP volverá a ganar las elecciones sino por cuánto lo hará, si la mayoría absoluta está a su alcance, si en Cantabria estamos ante un ciclo largo de poder conservador.

En el PSOE cántabro, que este fin de semana cierra su XV Congreso y consagra el nuevo liderazgo de Pedro Casares, ya se verá a su debido tiempo si también se hace cargo del cartel electoral, ven muy lejana una alianza ganadora con el socio regionalista tradicional. En 2023 sumaron 16 diputados a partes iguales y la próxima vez no tiene pinta de mejorar ni en las urnas autonómicas ni en las municipales.

En el PRC, el dilema real de estos tiempos no es sólo la sucesión de Miguel Ángel Revilla para elegir en mayo un nuevo candidato electoral. Además tienen que resolver dónde colocar al jefe histórico y hasta cuándo seguirá en primera línea. Los pronósticos regionalistas que señalan al PP como favorito en las urnas se notan hasta tal punto que en el debate interno cuenta quiénes de sus dirigentes y eventuales candidatos pueden tener un diálogo fluido con la líder popular, María José Sáenz de Buruaga, y su equipo, y quiénes no serán tan bien recibidos.

El PRC tiene desde hace ya muchos años una clara vocación de partido gobernante y quiere volver a serlo, seguramente con el PP como partido más poderoso. En el paisaje de fondo, las tres docenas de alcaldes regionalistas que buscarán de una u otra forma el mejor trato posible del Ejecutivo popular.

Y Vox, en fin, a la expectativa de que Santiago Abascal y su cúpula definan desde la madrileña calle Bambú los programas, las estrategias, las alianzas y los candidatos, como deciden todo lo que debe hacer Vox Cantabria en cada momento.

El PP percibe, naturalmente, el viento que sopla favorable a sus intereses, pero no quiere excesos de confianza cuando faltan 26 meses para las urnas y en ese tiempo las cosas pueden empeorar drásticamente, como ya hemos visto no hace mucho en Cantabria, porque una inesperada trama corrupta o un tren que no quepa por el túnel se lleven a un Gobierno por delante.

El Ejecutivo Buruaga empieza a exhibir rasgos de un modelo propio, a ampliar su oferta con respecto a la herencia del Mupac y La Pasiega del último mandato de la coalición PRC/PSOE, y de los reiterados anuncios de la carretera Reinosa-Potes, la unidad de protonterapia, el Parque de la Salud u otros hitos de futuro incierto. El centro de datos 'Altamira' presentado el mes pasado por el Gobierno y los ejecutivos del grupo Stoneshield Capital para dar fe de la inversión de 3.600 millones y de unos 2.500 empleos es el primero que toma cuerpo del puñado de proyectos que la presidenta dijo manejar discretamente en el Debate sobre el Estado de la Región al final del pasado verano.

En paralelo, el Gobierno PP saca adelante, no sin trabajo ni riesgos, la Ley de Simplificación Administrativa que va mucho más lejos de la eliminación de trabas burocráticas, para ser la herramienta esencial en el desarrollo del campus 'Altamira' y de otros proyectos importantes que exigen agilidad para el desarrollo urbanístico, el suelo industrial y la potencia energética.

En el debate puramente político y parlamentario nada satisfaría tanto al PP como mantener en la Cámara una mayoría estable con PRC y Vox, y enfrente sólo el PSOE, como reflejo de una amplia base social que ocupe desde el centro a la derecha, pero eso no siempre es posible. Con frecuencia hay que elegir entre el regionalismo y la derecha radical, y los populares administran con bastante buen tino esos pactos variables, como se ha visto en los dos Presupuestos aprobados o en diversas leyes, como las de Memoria Histórica o Simplificación Administrativa.

Sólo la opción, poco probable pero real, de que Vox se alíe con PRC y PSOE para sumar una oposición sostenida a lo largo de lo que resta de legislatura preocupa al PP. La mayoría absoluta en las urnas de 2027 es un sueño húmedo para el PP, pero inalcanzable mientras Vox mantenga en Cantabria una potencia electoral superior al 10% de los votos.