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Nueve días después de que estallara el escándalo por la corrupción en la Consejería de Obras Públicas, Miguel Ángel Revilla asumió este viernes las responsabilidades políticas del caso. El presidente ha arrastrado un poco los pies en la toma de decisiones, pero finalmente las dimisiones ... del consejero Gochicoa y del director general Del Jesus es lo mínimo que reclamaba la oposición desde el primer minuto y lo que aconsejaba el sentido común en una crisis tan grave. En el primer momento Revilla, Gochicoa, todo el aparato del PRC, intentaron limitar la culpabilidad al alto funcionario detenido, pero la reflexión del posterior fin de semana constató que la crítica política y el clamor ciudadano no iban a remitir fácilmente, por no hablar del juego sucio desatado en las redes sociales, con insinuaciones en general anónimas sobre supuestas vinculaciones de dirigentes regionalistas con la trama corrupta. En fin, que el ruido iba a resultar insoportable de aquí hasta las elecciones de mayo. No quedaba más remedio que cortar cabezas.
El presidente se mostró este viernes especialmente conmovido por la injusta dimisión de Gochicoa, a quien ponderó sin reservas, pero es que el propio Revilla había puesto muy alto el listón de la responsabilidad. Cuando exigió cabezas de primer rango por la chapuza de los trenes. Cuando ordenó a Zuloaga el cese inmediato de la directora de Juventud por los contratos irregulares, una pecata minuta de 1.500 euros frente a las mordidas millonarias de Obras Públicas, como apuntan los socialistas cabreados con sus socios regionalistas. Cuando opinó en televisión que el presidente andaluz Griñán, o bien era un incapaz por no enterarse del fraude de los ERE o bien un delincuente por consentirlo. Ser muy exigente en el castigo a los errores ajenos y muy indulgente con las negligencias propias no resultaba presentable. Pagar la factura política de la corrupción en Obras Públicas era una obligación insoslayable. Que Gochicoa y Del Jesus no supieran nada no sirve como excusa.
Revilla reconduce la crisis con los ceses de alto nivel, con las cautelas introducidas sobre las empresas involucradas en la trama, con el anuncio de reforzar los controles en la Administración para evitar este tipo de casos. Se cierra así el primer capítulo del escándalo de la corrupción en Obras Públicas, pero el caso tendrá seguramente un largo recorrido, en el debate político hasta las urnas y en la acción judicial. Habrá que ver cómo avanza la instrucción de la causa y si habrá nuevas revelaciones de los imputados que quieran colaborar con la justicia para salir mejor librados del trance.
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