Sánchez pone a prueba la unidad del PP frente a la financiación catalana

Porque Sánchez sólo tiene consideración con las regiones donde los votos independentistas le sostienen en el poder. Con el lehendakari Imanol Pradales, socio también en el País Vasco, ya tiene pactada una cesión de competencias a revisar cada seis meses. A Cataluña le otorga la financiación singular, como antes la amnistía a los condenados por el 'procés' y siempre todos los privilegios que exijan ERC o Junts. A las demás comunidades, incluidas las de gobernanza socialista, lo justo o menos.

Buruaga llevó al encuentro de Madrid su rechazo al cupo separatista y un exhaustivo panel de reivindicaciones. Es posible que algunas infraestructuras lleguen con más o menos retraso, con este Gobierno central o con el siguiente; lo mismo podría decirse del control del lobo; otros proyectos, como La Pasiega, ahora o quizá nunca. A ver qué sucede al respecto de aquí a la Conferencia de Presidentes en Comillas, que se retrasa a diciembre, con la vivienda como tema principal en la agenda, y ya se verá si también la financiación autonómica.

El PP exhibe la unidad de su amplio poder autonómico a la hora de abordar la financiación autonómica con el rechazo frontal a los privilegios para Cataluña y Sánchez se propone quebrar esa cohesión en los contactos bilaterales con los barones. A algunos de ellos ya les ha trasladado su opinión de que no habrá acuerdo general de financiación. Así que a lo mejor su idea es llegar a pactos con cada una de las regiones a cambio de satisfacer algunas de las reivindicaciones que todos los presidentes regionales han incluido en los densos informes que vienen depositando en La Moncloa, como es el caso de La Pasiega en Cantabria. De paso amenaza con negar fondos a las comunidades 'insumisas' con la Ley de Vivienda. Sánchez nunca da puntada sin hilo.

Acababa de salir Buruaga de La Moncloa y en Cantabria, la Unión de Profesionales Progresistas (UPP) prestaba escenario y altavoz al exconsejero de Economía socialista, Ángel Agudo, para que explicara las ventajas que podría suponer para Cantabria llegar a un nuevo acuerdo de financiación autonómica aprovechando la oportunidad que brinda la negociación de Cataluña. Agudo presume de haber logrado, con el Ejecutivo de coalición PRC/PSOE presidido por Revilla, que Cantabria alcanzase allá por 2009 la financiación por habitante más dotada de España, pero es dudoso que ese mérito indudable sirva ahora para convencer al personal de que la soberanía fiscal catalana puede traer beneficios a Cantabria y a otras comunidades. Los socialistas de muchas regiones no tragan porque, entre otras cosas, sospechan que los nuevos privilegios cedidos a cambio de la investidura de Salvador Illa constituirán una mochila electoral insoportable en el resto de España. En la interesante ponencia, con presencia de Pablo Zuloaga y más socialistas de su cuerda que del bando crítico, Agudo cosechó aplausos más correctos que entusiastas.

En los prolegómenos de la entrevista con Sánchez, Zuloaga había propuesto por carta a Buruaga un encuentro para avanzar sobre la financiación. Un intento legítimo del líder socialista para ganar visibilidad, pero sin mucho éxito. Buruaga solo quería reunirse con Sánchez, no con su subordinado en Cantabria.

Por lo demás, la unidad de acción que predica el PP para negociar con el Gobierno Sánchez la financiación autonómica es más fácil enunciarla que llevarla a la práctica y va mucho más allá que el asunto catalán. Es un hecho frecuentemente obviado que los diversos factores que se invocan sobre la reforma financiera no obedecen a alineamientos partidarios. Por ejemplo, cuando Cantabria defiende como prioritario sufragar el coste de los servicios coincide plenamente con la Asturias que gobiernan los socialistas y está muy lejos de Murcia, en manos populares, que postula la idea de primar el número de habitantes.