Simplificación administrativa,una ley trascendente sin el debido consenso

PP y Vox impulsan una innovadora herramienta para el progreso socioeconómico, pero está por ver su eficacia ante la desconfianzade los demás grupos políticos, ayuntamientos y ciudadanos

Jesús Serrera

Domingo, 23 de marzo 2025, 07:35

No es sólo lo que parecía, un saludable empeño en aliviar las penosas cargas burocráticas que dificultan la vida cotidiana de los ciudadanos y de ... las empresas, un avance que podrían apoyar todas las fuerzas políticas. La Ley de Simplificación Administrativa (LSA) ha sido aprobada esta semana en el Parlamento después de generar un debate más intenso y enconado que cualquier otro, más que los dos primeros presupuestos de la legislatura, más que la reforma fiscal o la Ley del Suelo. El PP y Vox presentan la norma como una revolucionaria herramienta de progreso mientras que PRC y PSOE ven en ella un coladero para camuflar múltiples irregularidades. En todo caso, es una ley importante que no cuenta con el deseable consenso, lo cual asegura la bronca política y probablemente la avalancha ante los tribunales de partidos políticos, ayuntamientos y particulares.

Cantabria se une al buen puñado de comunidades del PP que ya disponen o avanzan para contar con normas de simplificación administrativa: Madrid, pionera en esta iniciativa, Andalucía, Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana.

Muchos de los contenidos de las leyes son compartidos: el silencio administrativo positivo, aún por concretar en la norma cántabra, la declaración responsable, la agilización de los pagos, el impulso de la digitalización y la inteligencia artificial… Hace unos días, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, decía en Córdoba que la simplificación administrativa propiciará una suerte de 'mercado común' para que los empresarios con permiso para operar en una región pudieran hacerlo en otros territorios gobernados por el PP sin trámites adicionales.

El PP, con fervor, Vox, en actitud vigilante, y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio defienden en el Parlamento la audacia y ambición de una ley histórica que, aseguran, agiliza la gestión, facilita la vida al ciudadano, elimina frenos al crecimiento e impulsa la colaboración público-privada para aliviar problemas tan acuciantes como el de la vivienda. Y al tiempo reprochan a PRC y PSOE que sus gobiernos de coalición de tantos años no hubieran acometido esa vía de modernidad ciudadana y económica. Regionalistas y socialistas han hecho aportes importantes con sus enmiendas a la ley, que juzgan técnicamente mala, desreguladora, receptiva a la especulación y a las corruptelas ambiental y urbanística, incluso inconstitucional en asuntos relevantes como el POL o la protección del Parque de Oyambre. Que la LSA afecte en Cantabria a 24 leyes y 21 decretos es para sus promotores la confirmación de su importancia y para quienes se oponen, la prueba del desbarajuste. Por comparar, la LSA andaluza modifica 176 normas, 53 leyes y 95 decretos.

En el debate, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, insinúa con malicia que su partido estaba dispuesto a apoyar el articulado de la ley referido a la simplificación de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, pero no el campo embarrado, el 'ómnibus' de corruptela y la chapuza urdido por el consejero de Fomento, Roberto Media, y la portavoz de Vox, Leticia Díaz, por ejemplo en el asunto de la construcción de viviendas en suelo rústico. Pero el PP no permitió a sus adversarios una votación selectiva, había que votar sí, no o abstención a todo el contenido.

Y en el PSOE, su portavoz, Mario Iglesias, aludió a Vox como el nuevo socio preferente del Gobierno del PP tras distanciarse del PRC. Era justo el mismo día en que Carlos Mazón pactaba con la derecha radical los presupuestos de la Comunidad Valenciana y Génova animaba a las demás comunidades a seguir ese camino.

El PP cántabro no se siente aludido. Le ha ido bien alternando sus pactos. Ahora prefiere interpretar la oposición del PRC a la LSA en la clave interna de la sucesión de Revilla, al menos como candidato electoral, con las diferentes tendencias en liza. Cree el PP que cuando este espinoso asunto esté encarrilado, las relaciones políticas entre los dos partidos volverán a ser fluidas.

La Ley de Simplificación Administrativa que entra en vigor tiene un gran calado, potencialmente debe y puede ser un gran avance para los ciudadanos y para el mundo empresarial que la apoya. Por todo ello merecería un consenso mayor del que le ha otorgado el Parlamento, lo cual a lo mejor era posible con un poco más de tiempo y generosidad de los interlocutores. Así se atenuaría probablemente lo que amenaza con ser una trifulca de largo recorrido entre las fuerzas políticas. También existe el riesgo de la judicialización. Como precedente, en Baleares la oposición ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la 'amnistía urbanística' que lleva aparejada la norma.

Es probable que en Cantabria los ayuntamientos perciban que pierden competencias con la LSA –es significativo que el Ayuntamiento de Santander gobernado por la popular Gema Igual hubiera pedido un largo aplazamiento de la ley– y también que grupos ciudadanos y particulares denuncien las actuaciones presuntamente irregulares en sus entornos que puedan amparar la nueva ley.