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El conde de Romanones, de quien se decía en los primeros años del siglo pasado que compraba los votos a dos pesetas en su feudo clientelar de Guadalajara, quiso ser nombrado miembro de la Academia de la Lengua, se entrevistó con todos y cada uno ... de los académicos, estaba seguro de contar con los apoyos necesarios y cuando fue informado de que no había recibido ni un solo voto pronunció una frase que quedó para la historia: «¡Joder, qué tropa». Muchos años después la repitió Rajoy refiriéndose a sus compañeros del PP, y de la misma forma podría calificarse ahora el voto contra Cantabria de la senadora socialista Isabel Fernández, quien fue elegida para que velara por nuestros intereses y no para que los perjudicara gravemente. El PSOE de Zuloaga, instalado en el vodevil de un tiempo a esta parte, habita hoy en el esperpento.
En la próxima llamada a las urnas será muy conveniente preguntar con antelación si los senadores defenderán a su comunidad o colaborarán en el atropello, acatando siempre lo que ordene el partido nacional; si harán honor a su condición de delegados de Cantabria -el Senado es la Cámara de representación territorial- o se limitarán a cortar el cupón y llevarse cada mes la generosa soldada con la que se premia la mansedumbre. El sainete se completó cuando el rechazo de la senadora a que su región reciba el dinero que se le adeuda por la liquidación del IVA recibió el aplauso del vicepresidente regional Zuloaga, quien previamente había sumado al PSC-PSOE a la reclamación del Parlamento de la calle Alta. Lo uno y lo contrario. Cantabria es una farsa, pero lo es también España.
Porque al hacendado Iglesias le gustan poco las organizaciones de los parias de la tierra desde el confort del casoplón, aunque la famélica legión permanezca en pie de guerra. El conflicto ha venido para quedarse, y la protesta de los agricultores y ganaderos que le ha estallado al Gobierno tendrá serias consecuencias porque nace de la desesperanza ante un mañana sin futuro. El campo se muere, y la Moncloa nos distrae con la amenaza de meter en la cárcel a quien exalte el franquismo, pese a que los expertos advierten de la previsible inconstitucionalidad de una ley que afecta a un derecho fundamental, el de la libertad de expresión. El comunismo lo prohíbe todo, pero si a los populistas republicanos les das un ministerio te nombran nueve directores generales del partido de una tacada, olvidan la lucha final, se ponen traje y corbata y aplauden el discurso del Rey.
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