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El Congreso aprobó el jueves 14 de marzo la controvertida ley de amnistía por una exigua mayoría de 178 votos a favor y 172 en contra. Lo insólito del caso es que no se aprobó esta ley ad hoc en enero porque los siete diputados ... del partido de Puigdemont votaron no, al objeto de que se siguiera negociando. Los independentistas catalanes cuentan ya con luz verde a una amnistía completa a su medida. Su objetivo lo han conseguido: quedar blindados por ley frente a las acusaciones de terrorismo y los delitos de traición que pesan sobre algunos cabecillas del 'procés'. También perseguían que la investigación del juez que investiga el 'caso Voloh', sobre la conexión del independentismo catalán con agentes rusos, quedase paralizada. Sólo falta por ver los pasos que dará ahora el PP que tiene mayoría en el Senado y seguirá la sugerencia hecha por los letrados que ven la ley como inconstitucional.
No se puede gobernar sometidos a un chantaje permanente y que por puros cálculos electoralistas, debidos a las próximas elecciones catalanas, se prorroguen los presupuestos. Podemos legislar beneficiando a los independentistas, pero si cedemos a sus demandas siempre pedirán más y nunca se darán por satisfechos. Es de manual que los independentistas saben que el Gobierno les necesita para sacar adelante la legislatura y aprobar nuevas leyes. Consiguientemente, siempre recurrirán a esta debilidad para seguir manipulando. Amenazarán con tumbar al Gobierno si se niega a cumplir sus exigencias, que son desmesuradas porque sólo les benefician a ellos y, como vimos, no dieron su brazo a torcer hasta que la ley de amnistía devino en autoamnistía, porque ellos son quienes han hecho cambiar el texto de la ley a su antojo para que se aprobara. Entre Junts, ERC y el PSOE no hubo ni habrá negociación, sino chantaje. En una negociación las partes ceden, conversan y debaten para obtener beneficios mutuos a cambio de cesiones. Chantaje, por definición, es la presión, la extorsión, que se ejerce sobre alguien, con el fin de obtener beneficios, para que consienta lo que se exige por medio de amenazas. No hay negociación cuando una de las partes pone sobre la mesa algo que no le pertenece, que tan sólo administra o gobierna, pero que no es suyo, por ejemplo: un referéndum de autodeterminación (no tardarán en pedirlo).
Un Gobierno democrático puede y debe negociar, la democracia es negociación y alcanzar acuerdos, pero no puede ceder al chantaje en ningún caso y menos si lo que se le pide es fracturar el estado de derecho. La democracia es un sistema político que encuentra su fundamento en el reconocimiento de los derechos y las libertades. Se rige por la división de poderes. Su objetivo es que los ciudadanos participen en la toma de decisiones a todos los niveles y controlen al Gobierno y los demás organismos desde los que se ejerce el poder. Es una definición incompleta probablemente, pero suficiente. Lo que no puede ser es que siete diputados de un partido independentista manipulen a su antojo al Gobierno, que adopta decisiones graves sin consenso social o con la oposición ciudadana y en el que existen corporaciones y grupos que imponen su poder al margen o por encima de las estructuras representativas.
Por otra parte, según fuentes consultadas «un emisario del Kremlin ofreció a la Generalitat dinero para financiar la independencia y soldados para proteger el nuevo estado que surgiría tras la proclamación de la República Catalana». Independentistas imputados, como Comín, lo negaron, pero incluso la Eurocámara alertó de una posible campaña de desinformación por parte de Rusia en Cataluña durante los acontecimientos ocurridos en octubre de 2017. Se han probado contactos de Moscú con la formación Reagrupamiento Nacional de Francia, con la Liga Norte Italiana y con algún diputado del parlamento alemán del partido Alternativa por Alemania, grupos euroescépticos que desean que se rompa la Unión Europea. En esa misma línea iría el interés de Rusia por el 'procés', al objeto de desestabilizar España. De probarse este hecho sería gravísimo, porque lo ocurrido podía haber desembocado en violencia armada.
En suma, la aprobación de la ley de amnistía, además de poner en un brete al poder judicial, vaticina un choque entre instituciones y permite ocultar información muy valiosa para poder desenmascarar hasta donde están dispuestos a llegar estos individuos prófugos de la justicia, en el caso de que se demostrase la trama rusa, que se debería seguir investigando.
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