Los árboles y el bosque

Aunque, como apunto más adelante, no seré yo quien defienda la bondad de tal acuerdo, poco es, en realidad, lo que sabemos sobre sus entresijos y poco es, aparte de generalidades, lo que se puede decir acerca de su potencial impacto sobre la financiación del resto de comunidades autónomas de régimen común. Siempre he creído, y sigo creyendo, que quienes se atreven a poner números al respecto, es porque tienen algún tipo de interés en defender alguna postura apriorística; por ello considero que es precisamente a estas personas y/o instituciones a quienes se les puede aplicar, con toda justicia, el refrán arriba mencionado. Como yo no tengo ningún interés personal ni institucional en el asunto y como, además, creo que hay que dar tiempo al tiempo para ver en qué se concreta el acuerdo, no caeré en el error de cuantificar los efectos del mismo sobre la financiación autonómica.

Tres son, sin embargo, las cuestiones que a mi juicio se pueden criticar en relación con el acuerdo mencionado. La primera de ellas es que la argumentación que se esgrime para justificarlo no es cierta. Tal y como ha puesto de relieve un informa de Fedea, Cataluña no es, y tradicionalmente no lo ha sido, una comunidad infrafinanciada. Una cosa es que, como comunidad rica que es, sea una de las tres de régimen común (junto con Madrid y Baleares) con una aportación neta al sistema de financiación autonómica, y otra que esté infrafinanciada. A tenor de los datos disponibles para 2022, Cataluña con 100,9 puntos se sitúa un poco por encima de la media nacional y del porcentaje correspondiente a Madrid.

Hay regiones como Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha que sí que están (y que históricamente han estado) muy infrafinanciadas y que, sin embargo, no cuentan (ni se prevé que puedan contar) con ningún modelo de financiación singular, como el que se ha acordado para Cataluña. Esto me lleva a pensar, y este es el segundo elemento de crítica, que, si no hubiera sido necesario dar algo a cambio de los votos favorables de ERC a la investidura de Illa, el acuerdo no se habría firmado. Dicho esto, he de decir también que no entiendo muy bien el crujir y rechinar de dientes de la bancada de la derecha cuando, siempre que han estado ellos en el poder y, por lo razón que fuera, han sido necesarios los apoyos de los nacionalistas catalanes o vascos a sus propuestas, han ofrecido, y plasmado en la realidad, sustanciales compensaciones económicas a los mismos. Tirando de dichos comunes, podría afirmarse que en lo que ha hecho ahora el PSC o el PSOE, me da igual, «no hay nada nuevo bajo el sol». No es edificante, pero no es novedoso. Lo de «dinero por gobernabilidad» lo han hecho, siempre, unos y otros.

El tercer elemento de crítica, y este sí que me parece más importante, tiene una doble vertiente. Por un lado, que no sabemos con precisión los términos del acuerdo (de «luz y taquígrafos» nada de nada) y, por otro, que el mismo supone, de hecho, una quiebra del sistema de financiación autonómica que se produce fuera de los mecanismos y filtros establecidos al efecto, que nos dicen que cualquier cambio debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata, además, de una quiebra que, como subraya la agencia de rating Fitch, reduce la contribución neta de Cataluña a los fondos de compensación con otras regiones y que, por lo tanto, atenta contra el principio de solidaridad interregional.

En definitiva, si no sabemos si el modelo de financiación singular pactado para Cataluña constituye, o no, un concierto similar al vasco o navarro, si podrán acogerse al mismo, o no, las comunidades que lo deseen, y si, como parece, menoscaba uno de los principios básicos del sistema de financiación autonómica, la solidaridad interterritorial, sólo nos queda insistir, con Fitch, en que el acuerdo será bueno para Cataluña pero problemático para el resto del país.