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Hace unas semanas, con motivo de las negociaciones para la posible investidura de sus candidatos, emprendidas respectivamente por PP y PSOE, dediqué esta columna al candente y siempre espinoso tema de la financiación autonómica. Ahora que el asunto de la investidura está zanjado/sigue estando ... pendiente, vuelvo a la cuestión financiera desde una perspectiva algo distinta, pero complementaria: la de las balanzas fiscales.
Se mire por donde se mire, la cuestión de las balanzas fiscales es tan compleja y presenta tantas aristas como la de la financiación autonómica. De hecho, si en el fondo no son lo mismo, forman un tándem imposible de desentrañar. Para empezar, y haciendo uso de las palabras de Ángel de la Fuente, uno de los máximos expertos en este asunto, las balanzas fiscales cuantifican los flujos fiscales entre distintos territorios y los de estos con la Administración Central. En este sentido, y tal y como apunta de la Fuente, «el saldo de la balanza fiscal de un territorio con la Administración central es la diferencia entre los beneficios que sus residentes derivan de la actuación de esta administración y su contribución tributaria al sostenimiento de la misma». Se trata de un dato que, en palabras del mencionado experto, «se ha utilizado con frecuencia para excitar sentimientos de agravio comparativo con la esperanza de obtener rendimientos electorales».
Como quiera que la construcción de las balanzas está lejos de ser una ciencia exacta, y que hay discrepancias acerca de qué partidas y conceptos incluir (y no incluir en su cálculo) y de cómo hacerlo, no sorprende que su saldo se utilice, por parte de algunos, como arma arrojadiza. En cualquier caso, y sin entrar en la polémica que siempre rodea a las mismas, el traerlas ahora a colación se debe a que, recientemente, Fedea ha publicado, para el año 2021, su estimación de los saldos fiscales de las distintas comunidades autónomas de régimen común; una estimación de los flujos redistributivos que, a tenor de los resultados obtenidos, creo que es ilustrativa, al menos en dos aspectos.
El primero de ellos es que, como parece lógico, las comunidades más pobladas, que no son siempre las más ricas, son la que obtienen unos ingresos tributarios homogéneos más elevados, mientras que las menos pobladas son las que perciben unos ingresos fiscales menores: Madrid, Cataluña y Andalucía sobresalen entre las primeras y La Rioja y Cantabria entre las segundas. Esta misma pauta se mantiene, en líneas generales, en lo que atañe a la financiación efectiva a competencias homogéneas, aunque, al analizar la cuestión en términos per cápita, los resultados cambian sustancialmente: Cantabria, con un 22% por encima de la media, es, por ejemplo, la comunidad mejor financiada y Murcia y Valencia, con un 5,6% por debajo de la referida media, las peor financiadas.
El segundo elemento, que es el que a menudo, y junto con el anterior, el que da lugar a interpretaciones interesadas de parte, es el relativo al saldo, entendido como diferencia entre las dos magnitudes antes mencionadas: ingresos tributarios homogéneos y financiación efectiva a competencias homogéneas. En este caso, ocurre que hay tres comunidades (Madrid, Cataluña y Baleares) que tienen un saldo negativo, por un total de 8.815 millones de euros, mientras que las doce restantes lo tienen positivo, por un valor de 19.499 millones.
Llegados a este punto, dos son los elementos que, creo, conviene resaltar. Por un lado, que es la Administración central la que cubre la diferencia (casi 10.700 millones de euros) entre las dos cifras arriba mencionadas, por lo que es la mayor contribuyente al esfuerzo redistribuidor global. Y, por otro lado, que, de los más de 8.000 millones aportados por las tres comunidades arriba citadas, el 72% corresponde a Madrid, el 24,5% a Cataluña, y el resto a Baleares. En consecuencia, y de tener alguna base, parece que tendría más razones (tres veces más) que se sintiera robada la comunidad madrileña que la catalana. El caso es, sin embargo, que ninguna comunidad tiene razón alguna para sentirse maltratada (otra cosa es insatisfecha con el sistema de financiación y los mecanismos redistributivos), porque quienes tributan y, por lo tanto, aportan, son los ciudadanos (y no la comunidad autónoma propiamente dicha) y estos lo hacen en función de su renta y su riqueza. En consecuencia, si en Madrid y Cataluña hay, proporcionalmente, más ricos que en el resto de las comunidades de régimen común, lo lógico es que su aportación tributaria sea también mayor.
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