Competitividad de las comunidades autónomas

El informe que nos ocupa, que subraya el hecho de que la competitividad estructural del país aumentó un 4,9% en 2022, examina la posición competitiva de cada una de las regiones a través de la elaboración de un índice que, como es sabido, es el resultado de la amalgama de otros índices representativos de las principales dimensiones de la competitividad. Al examinar los valores alcanzados por este índice compuesto, dos son las principales conclusiones que pueden obtenerse. La primera de ellas es que existe una correlación muy estrecha entre el grado de competitividad de una comunidad autónoma y su nivel de desarrollo: en referencia al año mencionado, las regiones más competitivas son Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, precisamente las más desarrolladas; y las menos competitivas son Extremadura, Andalucía, Canarias y Baleares, que se encuentran entre las que tienen un grado de desarrollo menor. La segunda conclusión es que, como se subraya en el informe, ´se constata la escasa convergencia sostenida de las comunidades autónomas menos competitivas hacia los niveles de renta per cápita de las regiones que ocupan las posiciones más altas´; es decir, que aunque se hayan producido algunos avances, nada significativo ha cambiado en el mapa de la competitividad regional española en los últimos años.

A la hora de buscar explicaciones sobre los distintos grados de competitividad exhibidos por nuestras regiones, una simple ojeada a los componentes del indicador compuesto revela, como he sugerido, que la cuestión es grave pues tiene carácter estructural, y, por otro lado, que, amén de las diferencias de productividad, vinculadas en buena medida a la dispar especialización productiva por sectores, son los distintos niveles de formación del capital humano y de eficiencia empresarial (relacionado con el tamaño de las empresas), las diferencias en el stock de capital público (fundamentalmente en el ámbito de las infraestructuras), la mayor o menor intensidad innovadora y exportadora de las empresas, y ´la existencia de importantes desequilibrios en las cuentas públicas regionales´, los factores más determinantes.

En referencia al caso cántabro, que por razones obvias es el que más nos preocupa, pocos, si alguno, son los rasgos que merecen la pena ser destacados. Partiendo del hecho de que tenemos una renta por habitante y una productividad inferiores a la media nacional (92,3 y 89,1%, respectivamente) y mucho menores que la media europea (78,7 y 84,3%, respectivamente), no sorprende que nuestra competitividad se encuentre también por debajo de ambas. En concreto, y con un indicador global de competitividad casi un 20% por debajo del nacional, Cantabria ocupaba en 2022 la novena posición en el ranking regional, una por debajo de la que tenía en 2021. Los motivos de que esto sea así tienen que ver, claro está, con el pobre desempeño registrado en la mayoría de los siete ejes que conforman el referido indicador. Salvo en lo que concierne al tercero, que valora la dotación y calidad del capital humano, en el que la región ocupa tradicionalmente una posición destacada (la cuarta, aunque con tendencia a la baja), en casi todos los demás se mantiene en posiciones intermedias, entre la octava y la novena. En el eje séptimo, el relativo a la innovación, la posición es, sin embargo, aún menos destacada (la decimosegunda), circunstancia que se explica, entre otras cosas, por la reducida importancia que en la región tienen los gastos en I+D: estos representan únicamente el 63,8% de la media nacional y sólo el 40% de la media europea.

Al igual que en ocasiones precedentes, la conclusión obvia de todo lo expuesto, tanto para el conjunto de las comunidades autónomas como, en particular, para Cantabria, es más que evidente. Si queremos converger con Europa, y nosotros con España, tenemos que mejorar nuestra productividad y nuestra competitividad. Las teclas que hay que tocar son conocidas. ¿Las tocaremos?