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Pese a que, como he repetido en diversas ocasiones, la evolución del mercado de trabajo en España es razonablemente buena, sigue siendo cierto que somos uno de los países europeos con una tasa de paro más elevada, tanto en términos globales como, y sobre todo, ... en relación con el colectivo de los más jóvenes. Este es un problema especialmente grave porque, por desgracia, se mantiene con independencia de cuál sea la fase del ciclo económico en la que nos encontremos; esto es, se trata de un problema estructural que lastra permanentemente nuestra productividad y capacidad de crecimiento.
No sorprende, por lo tanto, que aunque en los últimos años el problema haya perdido parte de su agudeza (gracias a la aplicación masiva de programas de ajuste temporal del empleo, como los ERTE, y a la reforma laboral de 2022), la tasa de paro estructural de nuestra economía continúe siendo, de acuerdo con un reciente informe de Caixabank Research, una de las más elevadas entre los países avanzados (a pesar de que, dependiendo de la fuente utilizada, haya caído entre 1,7 y 2,2 puntos porcentuales de 2018 a 2022). Siendo así las cosas, la pregunta del millón es, como pueden imaginar, qué es lo que habría que hacer para reducir más la referida tasa y aproximarla a la de nuestros competidores.
Entendida como la tasa de paro no aceleradora de los salarios (la que no propicia peticiones de aumentos salariales), la tasa de paro estructural podría reducirse actuando, de forma simultánea, sobre las tres palancas siguientes: la demanda de trabajo, la oferta de trabajo y los procesos de emparejamiento entre una y otra. El aumento de la demanda de trabajo por parte de las empresas sólo se produce, en líneas generales, si necesitan incrementar su producción, algo que puede conseguirse mediante innovación y nuevos desarrollos constantes y que, a nivel agregado, puede verse favorecido por la puesta en práctica de reformas estructurales potentes, acompañadas de una buena calidad institucional. En el caso español, y no lo digo sólo sino que también lo sostiene el informe antes mencionado, estamos un tanto cojos en ambos aspectos; por quedarnos con lo positivo, esto significa que tenemos un amplio margen de mejora en los dos frentes y, en consecuencia, capacidad de reducción de la tasa de paro estructural.
En cuanto a incrementar la oferta de trabajo, me parece que, en esencia, sólo hay dos vías para hacerlo. Por un lado, aumentar los incentivos, tanto pecuniarios como de otra índole, para que los desempleados (y una parte sustancial de los inactivos) busquen empleo de forma más decidida. Y por otro, y tal y como he repetido hasta la saciedad en estas páginas, aumentar la empleabilidad, lo cual requiere, a todas luces, mejorar la cualificación profesional. En ambas vertientes es mucha la tarea que queda por hacer pero, a mi juicio, deberíamos poner un énfasis especial en la última, ya que una parte importante de los parados sólo poseen niveles de cualificación muy básicos.
Por último, la reducción de la tasa de paro estructural requiere, sin lugar a dudas, un mejor sistema de emparejamiento entre oferta y demanda de trabajo. Que este no funciona bien se aprecia en la coexistencia de elevadas tasas de paro con un número creciente de vacantes de empleo sin cubrir. Inaudito, ¿no? Hay muchos parados y, al mismo tiempo, los empresarios no encuentran personal para cubrir determinados puestos de trabajo. El problema, aquí, presenta una doble vertiente: la primera está relacionada con la ineficacia del sistema público de empleo para casar demandas y ofertas de trabajo; la segunda es que el sistema de formación y capacitación profesional de nuestro país no está adaptado a las necesidades de las empresas. Solucionar el primer problema no sería demasiado complicado, siempre y cuando el país estuviese dispuesto a desarrollar políticas activas de empleo verdaderamente potentes, lo que implicaría, entre otras cosas, la reforma del sistema y un mayor gasto. Solucionar el segundo problema se me antoja, sin embargo, bastante más complejo pues, en el fondo, además de una mejor financiación del sistema de formación, requiere de una reforma integral del mismo a todos los niveles y, sobre todo, en lo que atañe a la formación profesional, fuera y dentro de la empresa, pero también en lo que concierne a la enseñanza secundaria y universitaria. Y esto, admitámoslo, es algo bastante complejo, difícil y delicado, por lo que, me temo, sólo a medio-largo plazo estaremos en condiciones de conseguirlo.
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