Fiscalidad autonómica,¿la manzana de la discordia?

En efecto, tal y como recoge el estudio del Colegio de Economistas de España titulado 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral en 2023', no sólo ocurre que el respeto al principio antes mencionado brilla por su ausencia, sino que, además, las diferencias en materia fiscal entre autonomías llegan a ser, en ocasiones, estratosféricas.

Ya sé que los puristas me dirán que esto sucede en virtud de la autonomía fiscal que, en gran medida, disfrutan nuestras comunidades autónomas, y no les falta razón. Pero, aun así, confío en que estarán de acuerdo conmigo cuando tildo de sorprendente que, en determinados casos, las diferencias sean tan abultadas como el citado informe se encarga de subrayar. Sin ningún ánimo de exhaustividad, el informe da cuenta de algunos ejemplos muy llamativos. Para empezar, valga señalar que muestra que un trabajador soltero y sin hijos que gane 16.000 euros al año pagará este año por el tramo autonómico del IRPF nada menos que un 284% más si vive en el País Vasco que si lo hace en la Comunidad Valenciana. Aunque menos abultadas en términos porcentuales, las diferencias entre comunidades para otros niveles de rentas de trabajo siguen siendo muy elevadas, sobresaliendo, para el caso de rentas superiores a los 110.000 euros anuales, la región de Madrid, con el importe más bajo, y la Comunidad Valenciana, con el importe más alto.

En lo que atañe, por ejemplo, al Impuesto sobre el Patrimonio, uno de los caballos de batalla política de la fiscalidad autonómica, las diferencias entre comunidades alcanzan niveles incluso mucho más acusados que con el IRPF. En líneas generales, la región que más grava con esta figura impositiva es la extremeña, mientras las que menos lo hacen, con un gravamen nulo, son las de Andalucía y Madrid; en situación intermedia se encuentra Galicia, y con niveles mucho más equiparables con el resto de regiones, aunque por debajo de la media, están Murcia y las tres provincias vascas.

En este sucinto repaso a las diferencias en materia de imposición autonómica, hay que mencionar, asimismo, otros casos tremendamente llamativos. En concreto, si nos fijamos en el impuesto de sucesiones, veremos que un soltero de 30 años que hereda 800.000 euros de sus padres no tiene que pagar nada si reside en Andalucía, Cantabria y Galicia, mientras que tendrá que satisfacer una cuota líquida de más de 100.000 euros si lo hace en Asturias. Por su parte, ese mismo individuo, en el caso de que reciba esa misma cantidad de sus padres en concepto de donación, tendrá que abonar más de 200.000 euros por el impuesto correspondiente en el caso de residir en Extremadura y nada si tiene la suerte de hacerlo en Cantabria.

Aun cuando lo expuesto no sean más que simples ejemplos ilustrativos, y aun entendiendo que se trata de algo perfectamente legal pues ocurre en función de la autonomía fiscal de la que nuestras comunidades disfrutan por ley, convendrán conmigo en que, cuando menos, hay algo extraño en todo esto. Está bien que haya una cierta autonomía fiscal y está bien que, hasta cierto punto, la misma se materialice en función de los planteamientos ideológicos que defienda el gobierno de cada comunidad (en general, la fiscalidad autonómica es más progresiva en las regiones gobernadas por los socialistas que en las regidas por los populares), pero me parece que las diferencias mostradas son, a todas luces, excesivas. Una circunstancia ésta que, para más inri, se ve acentuada porque, al final, seas contribuyente o agencia tributaria, resulta extremadamente complejo saber cuál es la opción fiscal más favorable. Y, con ello, mi impresión es que casi todos (el fisco y los contribuyentes) terminamos perdiendo.