La jornada laboral en  disputa

Sin ánimo de dar la razón a unos u otros, sí que conviene recordar algunos hechos que pueden ayudar a entender el problema. Como señalaba previamente, la duración de la jornada laboral se ha constituido, al menos desde los comienzos de la era industrial, en un caballo de batalla entre empresarios y trabajadores, con el resultado natural de que, poco a poco, la misma se ha ido reduciendo hasta alcanzar las cuarenta horas semanales que, desde hace unas cuatro décadas, constituye la duración ordinaria máxima legal.

Pues bien, dado que las circunstancias socio-económicas han cambiado mucho desde que se implantara la jornada mencionada, todo parece indicar que debería procederse, y yo así lo creo, a una nueva rebaja legal de su duración. En el fondo, y creo no estar equivocado, la cuestión que enfrenta a las partes –aunque quizás sería más exacto decir al Gobierno con la patronal- es cómo hacerlo: si mediante una terapia de choque (imposición gubernamental) o una gradualista. En este caso, y tengo que reconocer que no siempre soy partidario de la misma, me apunto a la segunda, porque me parece que puede ser, en la práctica, más efectiva a la vez que mejor garante de la deseada paz social.

Justifico mi postura en dos hechos que, con toda sinceridad, me parecen importantes. El primero de ellos, y quizás el más relevante, es que hay una discrepancia apreciable entre la duración legal y real de la jornada laboral; si la primera dura las cuarenta horas mencionadas, la segunda se sitúa en promedio en las 38,2 horas semanales, bien que con una mediana que es incluso algo más baja (unas 36,6 horas). El segundo hecho significativo es que los valores medios comentados esconden muchas situaciones distintas, algunas radicalmente diferentes. Así, por ejemplo, las disparidades sectoriales pueden ser, de hecho lo son, muy profundas, de forma que las jornadas más largas se producen en los sectores más precarios, con salarios más reducidos y en los que la presencia de factores tales como el trabajo a tiempo parcial y las horas extras no retribuidas constituyen algo próximo a la normalidad. Asimismo, si de la esfera sectorial pasamos a la territorial, hay que reconocer también las grandes diferencias que se dan entre autonomías en lo que atañe a su estructura productiva y, por lo tanto, en lo que se refiere a precariedad y duración de la jornada laboral.

Dado, pues, que la situación entre sectores y comunidades autónomas presenta realidades socio-económicas muy diferentes, no me parece oportuno que trate de imponerse una reducción de la jornada laboral que afecte a todos sin distinciones. Sin llegar a la situación extrema de tener que analizar caso por caso, sí que me parece apropiado que se tomen en consideración algunas de las diferencias sectoriales y territoriales mencionadas; en consecuencia, me parece que la terapia gradual es la más conveniente.

Dicho esto, que concuerda bastante, creo yo, con la postura mantenida por la patronal y que los sindicatos podrían llegar a aceptar, no puedo dejar de mencionar dos hechos que, indirectamente pero de forma muy clara, están vinculados al problema que comentamos: el salario percibido por los trabajadores y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. En cuanto al primero, no me cabe ninguna duda de que si la retribución final percibida por los trabajadores fuera algo más justa de lo que en la práctica lo es (en definitiva, que no perdieran poder adquisitivo y peso en la distribución funcional de la renta), la conveniencia de reducir la jornada sería menos apremiante, como lo sería, y este es el segundo hecho a considerar, si las condiciones laborales fueran, al menos en los trabajos que requieren más esfuerzo físico y/o psicológico, menos exigentes.