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Hubo una época, finales de los ochenta y principios de los noventa, en la que era común decir aquello de que 'la mejor política industrial ... es la que no existe'. En España, el entonces ministro del ramo, Carlos Solchaga, mantuvo esta idea a capa y espada, lo mismo que ocurrió, por cierto, en otros muchos países europeos. Ahora las circunstancias han cambiado, y parece que la política industrial vuelve o quiere volver a desempeñar un papel protagonista en el desarrollo de las naciones.
Al hilo de esta nueva situación, procede, creo, hacernos tres preguntas. La primera es qué circunstancias han cambiado. La segunda es qué se entiende por política industrial. Y la tercera es qué política industrial queremos y/o es posible. La respuesta a la primera pregunta es bastante sencilla: tras varias décadas en las que, mediante la deslocalización de empresas, el poderío industrial se fue trasladando de los países avanzados a los países en desarrollo (los casos de China, Corea del Sur y otros del sudeste asiático son paradigmáticos), los primeros se dieron cuenta que, cada vez en mayor medida, dependían de los segundos; esta dependencia se vio elevada a su máximo exponente durante la pandemia, cuando la ruptura de la cadena de suministros puso de relieve hasta qué punto el mundo desarrollado era (es) vulnerable. El reconocimiento de este hecho, y la necesidad urgente de recuperar y reforzar nuestra autonomía estratégica, ha sido, a mi juicio, la gota que ha colmado el vaso. Algo había, hay, que hacer.
¿Qué es lo que hay que hacer? La respuesta unánime del mundo desarrollado ha sido, precisamente, la de intentar recuperar la manija industrial mediante la puesta en marcha de una auténtica política industrial. Y ¿en qué consiste esta? Pues, aunque hay muchas formas de entenderla y originalmente surge como respuesta a la presencia de 'fallos de mercado', la más convencional de todas estriba en aplicar medidas (subvenciones, exenciones fiscales, financiación preferente, etc.) que favorezcan el crecimiento, autonomía y competitividad de la industria propia.
En este punto, la política industrial puede adoptar muchas formas, desde la más liviana, consistente en crear el marco jurídico y económico adecuado para que las empresas industriales puedan desarrollar su tarea, hasta la más intervencionista, en la que los poderes públicos actúan de forma decidida en favor de determinadas industrias (campeones industriales) o incluso las intervienen. En Europa y, por supuesto, en España, nos mantenemos en una situación intermedia que, justo es decirlo, tiene algo, o mucho, de indefinición.
Sea como fuere, el objetivo de la política industrial en la actualidad, y esta es la respuesta dada a la tercera pregunta, difiere un tanto del que tuvo en el pasado (ayudar al nacimiento de una industria propia), ya que está dirigido, sobre todo, a hacer que vuelvan a sus lugares de origen partes sustanciales de las cadenas de suministro deslocalizadas previamente en terceros países. La pretensión, por lo tanto, es elevar la resiliencia en la cadena de suministros, mantener la supremacía tecnológica y ofrecer a los políticos un mayor control sobre la actividad económica en respuesta a potenciales nuevas perturbaciones (shocks). Sobrevolando todo esto, además, se encuentra la amenaza del cambio climático como uno de los factores determinantes de la nueva política industrial.
El asunto de la diversificación de la cadena de suministros y vuelta a casa de partes de la misma es, sin embargo, complicado. En este sentido, tal y como nos recuerda un documento de la Comisión Europea al que han tenido acceso diversos medios, es preciso reconocer que una cosa es lo que se desea y otra lo que se puede hacer, pues, como se indica en el citado documento, a las empresas todavía les resulta económicamente ventajoso, al menos de momento, producir en terceros países, por lo que la diversificación (de su producción) y el regreso de la misma a los países de origen puede acarrear costes de producción más elevados.
Por si éste no fuera ya un problema grave relativo a qué tipo de política industrial desarrollar, existe otro que tampoco es fácil de obviar, y que consiste en que la política industrial que en la práctica está emergiendo choca bastante con los criterios de cooperación en materia de comercio internacional que promueve la Organización Mundial del Comercio. Y no está nada claro que si la misma implica restricciones comerciales de algún tipo, no salgamos perdiendo todos con su aplicación. Estamos ante un asunto complejo, difícil de torear.
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