Política de vivienda: el consenso necesario

Como es bien sabido, el problema de la vivienda se reduce a que el acceso a la misma es muy caro, tanto para compra como para alquiler. Las causas de este problema son, asimismo, de sobra conocidas y, en esencia, se reducen a la escasez de oferta en los dos ámbitos mencionados. ¿Cómo resolver esta cuestión? La respuesta a esta pregunta es complicada, pero casi siempre estriba en la adopción de un conjunto de medidas cuya mayor o menor eficacia dependerá de cómo se apliquen.

Desde el punto de vista de los populares, la solución, que sólo podrá llegar de manos del sector privado, consiste, sobre todo, en rebajas impositivas y liberalización de suelo público. Desde el punto de vista de los socialistas, el remedio tiene que provenir de la actuación del Estado a través de una promoción masiva de vivienda pública y de la intervención en el mercado del alquiler.

Como ocurre en tantos otros ámbitos creo que, si somos sinceros, coincidiremos en que ambas partes tienen algo de razón, y que, por lo tanto, una mezcla sensata de las actuaciones propuestas por los dos partidos podría ser la solución, sobre todo si la misma sale del consenso; en todo caso, como trato de justificar a continuación y a la vista de la negativa experiencia del último medio siglo, yo me inclino más por la preponderancia de las segundas que de las primeras.

Puesto que todo el problema hunde sus raíces en la escasez de oferta, es obvio que hay que construir más viviendas y que tiene que hacerlo tanto el sector público como el privado. El problema de que mayoritariamente lo haga el sector privado es que este sólo se involucrará si ve que tal construcción es negocio, y cuando digo negocio me refiero no a un negocio normal, con unos beneficios normales, sino a un gran negocio. De hecho, si de nuevo somos sinceros, tendríamos que reconocer que una parte importante de la 'crisis del ladrillo' se produjo merced al afán especulativo de muchos promotores, muy bien sostenido por la actuación bancaria. Por lo tanto, vivienda privada sí, pero con un cuidado exquisito acerca de qué prebendas fiscales y financieras se dan a los promotores, no sea que como, en el pasado, nos salga el tiro por la culata.

Que la verdadera solución al problema tiene que proceder de la construcción de vivienda pública me parece, en consecuencia, un hecho incontrovertible, siempre y cuando no se cometa el error, al igual también que en el pasado, de que el acceso a la vivienda pública sea el camino para hacer un negocio privado. En cuanto a la vivienda en alquiler, soy partidario de una estricta regulación del mercado, aunque no sé si lo de poner topes, sin más, puede ayudar a resolver el problema; tengo algunas dudas al respecto.

El aumento de la oferta de vivienda, sea esta pública o privada, pero sobre todo en el primer caso, pasa por la liberalización de suelo público y por evitar, en lo posible, la especulación con la compra-venta de suelo privado. En ambas esferas son las administraciones públicas las que tienen la última palabra. Mientras todo esto se lleva a cabo, una medida que ayudaría a paliar el problema sería el aval del 100% para la compra de vivienda a jóvenes de recursos limitados y/o la subvención al alquiler a esas mismas personas. Naturalmente, adoptar medidas antiokupa, controlar las viviendas turísticas, y otras medidas de naturaleza similar, me parecen bastante necesarias, aun cuando, para ser honesto, no creo que vayan al meollo de la cuestión.

Construir más vivienda pública y privada, tanto para venta como para alquiler, y garantizar mejor los derechos de todos los involucrados en el proceso constituye, en el fondo, la solución al problema. Si partimos del hecho de que, según nuestra Constitución, la vivienda es un derecho y de que los partidos políticos persiguen el bien común, no debería ser tan complicado que las visiones antagónicas de populares y socialistas tendieran a converger. ¿Será posible que lo hagan?