Salarios y vivienda

Sea como fuere, y aplicando el «vayamos por partes», que se atribuye a Jack 'el Destripador', hay que reconocer que las dificultades en el acceso a una vivienda digna no constituyen, ni mucho menos, un problema exclusivamente español; lo que sí lo es, sin embargo, es que aquí adquieren unas dimensiones muy superiores a la media de los países europeos y que, por lo tanto, habría que intentar hacer algo al respecto. En este sentido va la nueva ley de vivienda, y aunque reconozco mi ignorancia sobre sus entresijos, y comprendo aunque no comparto algunas de las críticas que se la hacen, confío en que la misma ayudará a paliar algo la grave situación habitacional que padece una parte importante de nuestra población. No creo, sin embargo, que tal ley contribuya a hacerlo de forma sustancial, y no lo creo porque, a mi juicio, solo con la confluencia de dos medidas se podría lograr tal resultado: por un lado, con un aumento significativo de la oferta de vivienda (sobre todo de la vivienda en alquiler) que contribuya a bajar precios y rentas y, por otro, con unos incrementos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo de las familias.

Empezando por el aumento de la oferta, me parece que estaremos de acuerdo en que ello depende, cuando menos, de dos actuaciones paralelas: la primera es que el parque público de viviendas crezca de forma importante; la segunda es que se pongan límites sensatos a la capacidad de los propietarios de tales viviendas para revenderlas transcurrido un cierto periodo de tiempo. Ambas actuaciones requieren de una fuerte voluntad política; la primera porque, de alguna forma, supone competir (enfrentarse) con el sector privado, y la segunda porque implica poner en su contra a muchos propietarios de vivienda pública que, admitámoslo o no, hacen o intentan hacer negocio con la misma.

En cuanto al aumento del poder adquisitivo de la población, supongo que también coincidiremos en que ello exige, como mínimo, de otras dos actuaciones paralelas: de un crecimiento salarial que permita contrarrestar los efectos de la inflación, y de una política monetaria que no siga elevando los tipos de interés y perjudicando sobremanera a todos los tenedores de hipotecas con tipos variables.

Sobre la dinámica salarial en España he manifestado mi opinión en tantas ocasiones que me resisto, de momento, a hacerlo una vez más. En todo caso, lo que resulta evidente es que los asalariados –pese a las mejoras registradas, por ejemplo, en relación con el salario mínimo- son los principales perjudicados por la inflación, pues el crecimiento de sus ingresos ha sido mucho menor que el de los precios. No sorprende, por lo tanto, que en el lema de las manifestaciones del Primero de Mayo –«subir salarios, bajar precios, repartir beneficios»– la referencia a los salarios figurara en primer lugar. Lo que sí sorprende es la cerrazón empresarial en proceder en ese sentido, sobre todo cuando uno lee, por ejemplo, los desmesurados sueldos percibidos por las cúpulas del Ibex-35 (véase El Diario Montañés del 30 de abril), y cómo se han incrementado los beneficios de muchas grandes empresas (en particular energéticas y financieras).

Por el lado de la política monetaria, parece que los bancos centrales continúan apostando (quizás porque las expectativas inflacionistas siguen siendo elevadas) por una política de tipos altos. El problema es que, entre otros perjuicios causados por la misma, esta daña desproporcionadamente a las familias hipotecadas con tipos variables, hasta el punto de que la subida del Euribor está poniendo a muchas de ellas en serios apuros.

Qué pena de país en el que, por culpa de unos sueldos medios devaluados y por la confluencia de malas políticas, el acceso a la vivienda, en propiedad o en alquiler, se está convirtiendo en un lujo.