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El acceso a la vivienda en España ha sido siempre un problema. A juzgar, sin embargo, por lo que oímos y vemos cada día, parece ... que este no ha hecho más que agudizarse con el paso del tiempo, alcanzando en la actualidad una gravedad extrema. Y, como tal, es terreno abonado para el enfrentamiento entre partidos políticos de distinto signo.
Así las cosas, la pregunta que tenemos que formularnos es si el problema tiene solución y, si la respuesta es positiva, cual o cuales serían esas soluciones.
La respuesta a la primera pregunta tiene que ser, necesariamente, afirmativa, pues, en caso contrario, estaríamos reconociendo nuestra incapacidad para abordar problemas difíciles y que este en concreto sólo puede ir a peor; en cualquier caso, esta sería una respuesta deprimente, descorazonadora y, potencialmente al menos, capaz de polarizar aún más a nuestra sociedad.
La respuesta a la segunda pregunta es mucho más compleja y no seré yo quien se atreva a decir que la tiene. Sí, sin embargo, creo que puedo apuntar algunas ideas que, a priori, podrían ayudar a encontrarla. Para empezar, y reconociendo que la vivienda es un derecho inalienable de toda persona (el artículo 47 de nuestra Constitución declara que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada), considero que el acceso a la misma debe estar convenientemente regulado. Aunque es cierto que el precio de la vivienda (para compra o alquiler) se fija libremente en el mercado, hay que reconocer (y aceptar) que este no es un mercado como el de la mayoría de los productos; es un mercado especial y, como tal, debe de estar regulado.
Dicho esto, es obvio que las fuerzas de la oferta y la demanda juegan y tienen que jugar un papel esencial en la determinación de los precios de acceso a la vivienda. A mi juicio, el principal problema está por el lado de la oferta, pues es, en último término, el que establece sus condiciones. ¿Cómo hacer, entonces, que la oferta de viviendas sea mucho mayor y así ayudar a la caída (o, cuando menos, a la estabilización) de los precios? Dos son, en principio, las palancas sobre las que habría que actuar; por un lado, mediante el abaratamiento del suelo destinado a la construcción de viviendas sociales (dignas y adecuadas, según la Constitución) y, por otro, incrementando muchísimo el parque de vivienda pública protegida. Aunque evidentes, ambas actuaciones son, en la práctica, más complicadas de implementar de lo que su simple enunciado da a entender.
Para caminar en la dirección del abaratamiento del terreno es fundamental que los distintos gobiernos regionales y locales pongan más suelo a disposición de los constructores, y que una parte importante del mismo se destine a vivienda protegida; no se trataría, en ningún caso, de liberalizar más el mercado correspondiente, sino de que se los gobiernos calificasen de urbanos o urbanizables muchos más terrenos de lo que lo hacen en la actualidad, respetando, claro está, todo lo relacionado con la preservación del entorno.
En lo que atañe a la oferta pública de vivienda, me parece que las actuaciones deberían centrarse, por un lado, en aumentar considerablemente la misma (algo que, teniendo en cuenta la demanda no cubierta, no creo que fuera muy oneroso para las arcas regionales y municipales) y, por otro, en arbitrar una normativa de uso y disfrute de las viviendas que impida que, transcurridos unos pocos años de su adquisición, sus propietarios puedan ponerlas a la venta en el mercado libre; de no ser así, sucederá, como hasta ahora, que los gobiernos seguirán financiado negocios de particulares.
Algo parecido habría que hacer en relación con el alquiler de viviendas. Aquí, aumentar la oferta (privada y pública) requeriría, entre otras cosas, que los propietarios tuvieran muchas más garantías de que, dentro de parámetros razonables, puedan obtener una rentabilidad asegurada de la misma; que, de alguna forma, se incentivara fiscalmente a los propietarios; que se regulasen de forma estricta los pisos turísticos; que se fomentase fiscalmente la rehabilitación para arrendamiento; que, si procede, se sancionase a grandes propietarios de viviendas vacías … En cuanto a la demanda, una medida imprescindible es la del fomento, fiscal o por algún otro medio, del alquiler joven.
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Ana del Castillo
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