A vueltas con el futuro de las pensiones

Contar con un sistema de pensiones que, amén de sostenible, permita disfrutar a la población de una vejez sin agobios económicos requiere equilibrar muy bien los capítulos de ingresos y gastos asociados al mismo. De acuerdo con el compromiso adquirido con la Comisión Europea al objeto de recibir los fondos correspondientes a nuestro país en el contexto del Plan de Recuperación, la regla del gasto en pensiones es muy clara: en promedio, entre 2022 y 2050, este gasto no puede superar el 13,3% del PIB más la aportación promedio de las medidas adoptadas entre 2021 y 2023 para aumentar los ingresos. En total, la cifra rondaría el 15,1% del PIB y, si se quisiera gastar más, habría que arbitrar ingresos equivalentes, de manera que el déficit del sistema no se incrementara.

El aumento del gasto que supone el porcentaje anterior se debe a un cúmulo de factores, entre los que la indexación de las pensiones con la inflación y la supresión del factor de sostenibilidad son importantes, pero, sobre todo, lo es el progresivo envejecimiento de la población. Tal y como nos recuerda un Focus de Caixabank, el aumento del gasto, sin embargo, podría haber sido mayor si no se contara con la caída de la ratio de sustitución (la pensión media pasará del 64% del salario medio actual al 56% en 2050), el aumento de la tasa de ocupación y el retraso en la edad de jubilación.

Teniendo en cuenta el tope de gasto promedio previsto en pensiones, la pregunta que surge es en cuánto tendrán que aumentar los ingresos para que, en la práctica, no aumente el déficit del sistema. Aquí, como es lógico, entramos en el terreno de las hipótesis, donde nada es, por su propia naturaleza, seguro. En este sentido, el Focus antes mencionado examina tres hipótesis, desarrolladas por diversas instituciones, que permiten poner de relieve lo complicado que, a priori, será para nuestro país cumplir con la regla de gasto.

Si nos fiamos de lo que dice el Informe sobre Envejecimiento 2024 de la Unión Europea, que considera que el aumento de ingresos por cotizaciones supondrá unos ingresos adicionales promedio del 1,2% del PIB, el déficit estimado se situaría en el 0,6% adicional del PIB (diferencia entre el 15,1% de gasto y la suma del 13,3% y el 1,2% mencionado) y, en consecuencia, la necesidad de buscar recursos adicionales sería por esa misma cuantía.

La Airef, sin embargo, se ha mostrado algo menos optimista que la Unión Europea, pues considera que los nuevos ingresos sólo supondrán un 1% adicional del PIB, lo que permitiría un gasto en pensiones del 14,3% (13,3+1); el déficit estimado del sistema, y la correspondiente necesidad de financiación, se situarían, así, en el 0,8% del PIB.

Por último, las estimaciones de ingresos adicionales realizadas por el Gobierno a través del Ministerio de Seguridad Social consideran que estos alcanzarán el 1,7% del PIB (es, con mucho, la estimación más optimista), lo que permitiría gastar un 15% del PIB en pensiones (13,3+1,7), reduciendo así el déficit y la necesidad de financiación a un mero 0,1% del PIB.

Salvo en este último caso, que a priori parece el menos probable (pues parte de proyecciones quizás demasiado favorables en relación con el crecimiento del PIB, la productividad, el empleo y los flujos migratorios netos, amén de una tasa de participación más alta y de paro más baja), las proyecciones de gastos e ingresos realizadas, ponen de relieve la necesidad de adoptar medidas adicionales para tratar de equilibrar gastos e ingresos. Si a esto le añadimos el hecho de que, pese a la indexación de las pensiones con la inflación, la ratio de sustitución se irá reduciendo paulatinamente con el paso del tiempo, hemos de convenir que, sin ser dramático, el futuro de las pensiones hasta 2050 se presenta un tanto complicado. Más allá…, ¡quién sabe!