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Según los datos del Consejo General del Notariado, en 2022 un total de 55.493 personas rechazaron su herencia. Un 15,6% más que el año anterior. Y es que cuando lo que te dejan es un «muerto» –y no me refiero al finado/a, ... sino a la situación económica– es más rentable renunciar.
En política no es posible renunciar a la herencia. Cuando se produce un cambio de gobierno, el que llega se ve obligado a apechugar con lo que encuentra. Como mucho, le queda el recurso del pataleo, léase queja y denuncia ante la opinión pública. Es a lo que ha recurrido el consejero de Fomento, Roberto Media, haciendo saber que se ha encontrado un «agujero» de 57 millones de euros. Más que agujero, socavón.
Su predecesora, la socialista Eugenia Gómez de Diego, se ha apresurado a aconsejarle que venga llorado de casa y no llore en sala de prensa, aunque no ha aclarado si hay oquedad económica o no. A lo más que ha llegado, es a proponerle que pida financiación suplementaria al Gobierno de España. Interesante sugerencia, tras la advertencia/amenaza de Pablo Zuloaga en el Parlamento, esta misma semana, en el sentido de que desde Madrid se van a tomar muy mal lo de rechazar el centro de inmigrantes de Camargo.
Las disputas por la herencia no son nuevas. Llegan con cada cambio de signo en el Gobierno, y ya sucedieron en 2011, con aquellos cientos de facturas sanitarias sin pagar, escondidas en cajones. Lo peor para el ciudadano, entonces y ahora, es que es el pagano de la mala administración, y de las trifulcas partidistas entre los que entran y los que salen. Anuncia el consejero que hay 500 expedientes sin tramitar. A ver cuando cobran las subvenciones prometidas esos miles de cántabros, que ya adelantaron su dinero… Y no pasa nada…
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