La revolución sanchista

El entonces presidente del Gobierno ofreció, en vano, a CiU una mejora en la recaudación de Cataluña, parte del IVA, el IRPF autonómico y los impuestos al tabaco y al alcohol. Pero se negó en redondo a la fórmula de concierto económico que planteaba entonces el desafío independentista. Rajoy frenó en seco el proyecto independentista negociado, el de la sonrisa democrática, como decía entonces la propaganda 'indepe'.

La hoja de ruta pasaba por lograr una Hacienda catalana, una relación bilateral con el Estado y, finalmente, un referéndum acordado con el Gobierno para ejercer el derecho a decidir y separarse de España «pacíficamente». Posteriormente la convocatoria de la consulta ilegal, la desobediencia a la legislación y a las decisiones del Tribunal Constitucional desembocaron en la proclamación de la república catalana, la huída y prisión del núcleo duro de los sediciosos y la aplicación del 155. El coste de defender la estructura del Estado fue alto, pero logró frenar la escisión de una de las partes esenciales para la existencia de España.

Nueve años después, el sanchismo está desmontando ladrillo a ladrillo la musculatura legal, política y judicial que impedía a una comunidad romper unilateralmente y escindirse del conjunto. A eso me refiero al hablar de la revolución sanchista. El pacto entregando a la Generalitat una Hacienda propia catalana, el cien por cien de los impuestos, el blindaje de la inmersión lingüística y futuro referéndum, es la pieza clave de la derrota del Estado y pone en marcha, de nuevo, el proyecto escisionista. El poder judicial fue un instrumento decisivo entonces para bloquear el separatismo, pero la revolución de Sánchez está instaurando un nuevo enfoque judicial según el cual la justicia o es de izquierdas o no es. No se ve en el horizonte a nadie, ni en n el PSOE ni en la oposición, capaz de frenar la revolución sanchista.