El cupo catalán y la financiación autonómica

Como es sabido, el País Vasco y Navarra son regímenes forales que disfrutan de un sistema de financiación diferente al del resto de Comunidades Autónomas (CC AA), que se rigen por el llamado régimen común. Una de las particularidades de aquellos regímenes forales, concretadas en el Concierto Vasco y el Convenio Navarro, consiste en el cupo, mediante el cual ellos recaudan e ingresan la mayor parte de los tributos, pagando luego al Estado español la cantidad correspondiente a los gastos e inversiones que este realiza en el territorio foral. En cambio, en el sistema de régimen común los principales impuestos los recauda e ingresa el Estado, y después transfiere a las CC AA las cantidades que correspondan según diversos criterios de asignación, aportando más al Estado aquellas que generan más riqueza.

Cuando comenzó a configurarse el sistema de financiación autonómica, Cataluña pudo optar por el régimen de cupo, pero los entonces mandatarios prefirieron seguir el sistema de régimen común, ya que entendían que el inspeccionar y exigir los tributos a los propios catalanes les distanciaría de su electorado y podría ser políticamente contraproducente. Ahora la situación ha cambiado radicalmente y existe un sector importante que reivindica el régimen de cupo para Cataluña. ¿Sería factible concedérselo? Ya les adelanto que, a mi juicio, la respuesta es claramente negativa, si se quiere mantener el Estado social de Derecho en el resto de España.

El régimen de cupo es intrínsecamente insolidario porque, en esencia, sólo se aporta al Estado español lo que se recibe de él, lo cual contradice el principio general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica que se posea. Todos entendemos que pague más IRPF un catedrático de universidad que un becario de investigación, porque el sueldo del primero es mayor que el del segundo, y, por la misma razón, que un alto ejecutivo de una importante consultoría pague más impuestos que aquel catedrático. Y no pagan más por lo que puedan recibir del Estado sino porque su riqueza es mayor. Pues bien, este principio también debe aplicarse a las Comunidades Autónomas; por eso tiene sentido que las más ricas aporten más al Estado que las menos favorecidas, y que algunas aporten incluso más de lo que de él reciben, como, por ejemplo, sucede con Madrid y Cataluña. Y esta solidaridad es la que permite que en toda España una persona con cáncer y sin recursos económicos, pueda curarse en un hospital de la Seguridad Social, o que la educación sea gratuita y universal hasta una determinada edad, y así otros tantos servicios públicos que ponen de manifiesto la grandeza de nuestro Estado social de Derecho.

Cataluña aporta en torno al 19 por 100 del PIB español y recibe menos del 19 por 100 de los ingresos tributarios que se generan en la Comunidad Autónoma. En Madrid esa diferencia es superior. Se podrá discutir si tal aportación debe ser mayor o menor, pero no el planteamiento de fondo que exige que al sobrepasar un determinado nivel de riqueza se aporte más de lo que se recibe. Eso y no otra cosa es la solidaridad, que –repito– no solo se aplica a las personas físicas y jurídicas, sino también a los entes públicos.

Es altamente probable que si se trasladase el modelo foral a Cataluña se resintieran sustancialmente los servicios públicos básicos del resto de los españoles, especialmente los relativos a la salud y a la educación, que son los esenciales en un Estado social de Derecho. Si se otorgara el régimen de cupo a Cataluña, se acabaría perdiendo la identidad sustancial en los derechos fundamentales que proclama nuestra Constitución para todos los españoles. El problema es que quien sabe que esto es así, prefiere guardar silencio; quizás para, de este modo, seguir en el poder.