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Han venido a coincidir en tiempo dos importantes informes comparativos sobre el mundo universitario español. El primero de ellos es el 'U-Ranking 2023', elaborado ... por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie, especializado en esta temática y que en su día ha realizado algún estudio en Cantabria). Este informe general va ya por la undécima edición y se considera un clásico. El segundo de ellos ha aparecido nada menos que en el portal de internet del Ministerio de Universidades, y ha sido elaborado por expertos de la Universidad de Barcelona (donde se doctoró el ministro Joan Subirats, dicho sea de paso). Se denomina 'Estudio del Impacto Económico del Sistema de Universidades Públicas Españolas (SUPE)'. Si usted tiene un ratón a mano, estimo que en dos minutos ya habrá localizado todo.
Hoy me interesa solo subrayar dos tesis, en lo que tales informes afectan a la UC. El U-Ranking vuelve a señalar a nuestra universidad pública presencial, una vez que se ponderan tamaños, entre las más destacadas del país. Tiene mucho mérito haberse situado en esas posiciones en solo medio siglo. Por otro lado, cuando el U-Ranking, dando al césar lo que es del césar, se abre a considerar la dimensión de las universidades, lógicamente la UC desciende en la clasificación, como todas las pequeñas.
Por su parte, el estudio de los barceloneses sitúa a las universidades públicas cántabras (la UC y la UIMP) en el grupo de las que menos contribuyen al PIB y el empleo en sus respectivos territorios. Aunque en general las universidades del SUPE poseen un efecto multiplicador de cada euro invertido en ellas, se da una desigualdad territorial: unas multiplican mucho y otras, menos. Cantabria y La Rioja son las que menos (por debajo del 1% del impacto económico total nacional), mientras que se registra una alta concentración de impacto en Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia (entre todas suman más del 70% de la repercusión global).
En cuanto a la contribución del SUPE en el nivel regional, en Cantabria se trata de 1,48% del PIB y de un 1,78% de la población ocupada, en ambos casos bajo la media nacional. Y cuando se considera el impacto económico agregado, es decir, con todos los conceptos (empleos, transferencias recibidas, retorno social…), nuestra comunidad está en la parte más baja, junto a Murcia y Asturias. El grupo de investigación de la UB establece, así, cuatro tipologías de universidades en el SUPE: las de muy elevado impacto absoluto y relativo (Madrid y Cataluña); las de impactos no elevados ni absolutos ni en relación con PIB y empleo, pero sí por estudiante (País Vasco, Navarra, Rioja, Canarias); las de alto impacto absoluto y relativo sobre el PIB y el empleo (Andalucía y Valencia); y todas las demás, que no destacan ni por el impacto absoluto ni por el relativo (nueve grupos regionales entre los cuales figura el de Cantabria).
¿Conclusión? Más bien, impresión. Queda todavía mucho recorrido para la función de la UC (y la UIMP, posiblemente menor) como tractora de la economía de Cantabria. Pero existe una base positiva para afrontar ese reto: los niveles de calidad ya alcanzados y que asoman no solo en el U-Ranking (en el tercer escalón en docencia; quinto en investigación e innovación; cuarto en ranking global; entre las diez primeras en rendimiento de la investigación), sino también en otras clasificaciones. Por tanto, no es cuestión de planteamientos utópicos, sino de que existe ya una capacidad demostrada.
Si Cantabria quiere ser una región avanzada, deberá ser innovadora, apostar por el conocimiento. Y esto significará no conformarse con la excelencia universitaria relativa, sino aspirar a un papel mucho más relevante en términos absolutos. Lo que la universidad quiera hacer 'por' Cantabria es menos importante que lo que Cantabria quiera hacer 'con' su universidad. Por 'Cantabria' hay que entender aquí primordialmente la comunidad autónoma como administración regional, pero también los ayuntamientos (especialmente Santander, también Torrelavega), el tejido económico, los grupos sociales, la ciudadanía en general. Hay mucho que analizar al respecto, y sería temeridad encasquetarlo aquí de rondón.
No hay duda de que esa decisión colectiva de futuro por parte de los cántabros no se ubica en un tiempo remoto, en aquel «porvenir de nuestros nietos» que decía Keynes (que no tuvo hijos con Lydia Lopokova, lo que convertía a la economía en una ciencia un poco sospechosa), sino en esta década. Convendría que nos tomásemos esto con el debido rigor al pensar en los nietos incluso de quienes no han tenido hijos.
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Ana del Castillo
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