Los jueces ante el espejo

Comprobar, como ha quedado patente a la vista de todos, cómo algunas asociaciones de magistrados funcionan alineados con las ideologías políticas de uno y otro signo, cuyas consignas siguen fielmente o, al menos, eso es lo que parece, creo que es una imagen de la justicia que poco favor hace a los miles de miembros de la judicatura que en sus distintos niveles profesionales trabajan diariamente, con imparcialidad y solvencia, en dar respuesta a los múltiples conflictos que a ellos llegan.

Parece, por ello, más lógico que en vez de distintas asociaciones profesionales hubiese una única Asociación, al estilo de los colegios profesionales, encargada de trabajar en la defensa de todo el colectivo y, por ello, con independencia de la ideología que sus diferentes dirigentes puedan tener a título individual, puesto que si bien es lógico que cada uno tenga su propia forma de pensar políticamente, como lo tienen los miembros de cualquier colegio profesional, allí estuviesen para defender exclusivamente los intereses colectivos de su profesión, pero nunca su ideología personal.

Ello facilitaría que la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, o al menos los doce que corresponden a jueces y magistrados, fuese realizada directamente por ellos mismos en elección universal por la totalidad de sus miembros, y no a través de las diferentes asociaciones a las que muchos de ellos ni pertenecen ni seguramente se sienten por ellas representados, ni mucho menos por las cámaras legislativas sustituyendo a aquellos. Por su parte, los ocho que corresponden al Congreso y al Senado, si no fuesen nombrados en el tiempo que corresponde su designación por la correspondiente Cámara Legislativa, debiera asignarse tal cometido a una Comisión independiente -en la que estuviesen representados los colectivos entre los que deban ser electos, tales como catedráticos y profesores de derecho, abogados, etc,- limitándose ambas cámaras a analizar posteriormente su idoneidad y si consideran que alguno de ellos no alcanza el nivel exigible rechazarlo mediante votación cualificada de tres quintos de sus miembros, haciendo con ello visible que si los dos partidos políticos principales no se ponen de acuerdo para nombrar sus candidatos que al menos se tengan que poner de acuerdo si quieren rechazar alguno.

Además de los miembros del Consejo del Tribunal Constitucional son otros muchos los nombramientos que el Consejo del Poder Judicial debe hacer y que pasan desapercibidos para quienes somos ajenos al mundo del derecho, por lo que nada podemos decir, ya que nada sabemos, de la idoneidad o no de tales nombramientos, pero dada la composición del citado Consejo parece razonable pensar que, en muchas ocasiones, tales nombramientos representarán un reparto más o menos equitativo de los miembros pertenecientes a los bloques que lo conforman. Naturalmente ello no significa dudar de la idoneidad de los nombrados aunque si de la dificultad que quizás algunos, por estar alejados de tales grupos de representación, puedan tener, aún poseyendo los méritos suficientes, para alcanzar los apoyos suficientes para su nombramiento.

Dada la importancia que la Justicia tiene en el funcionamiento diario de un país democrático es obligación de todos velar porque dicho poder del Estado goce de la independencia que precisa para su normal y eficaz desenvolvimiento, tal y como, por otra parte, viene exigiendo reiteradamente la Comisión Europea a todos sus estados miembros. No hacerlo así e intentar por parte del Gobierno, o de cualquiera de los partidos políticos del arco parlamentario, controlar el órgano de gobierno del poder judicial, para a través de éste dirigir los principales órganos judiciales de la Nación, es una operación que de consumarse pagaremos muy caro, a no muy largo plazo, los ciudadanos españoles.