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Las tragedias, sobre todo si se originan como consecuencia de una catástrofe natural, son pruebas de estrés para la sociedad y sobre todo para la política.
La talla, el valor, la eficiencia, la preparación, la competencia, el sentido común y el sentido de Estado quedan ... en ese momento al descubierto en el político, de tal manera que constituyen un escaparate de comprobación de capacidades que son definitivas en el corazón del ciudadano, que premiará o condenará su conducta sobre todo la de los momentos cruciales.
Así sucedió en la tragedia de Valencia, una catástrofe medioambiental sin precedentes que hubiera podido ser minorizada o amortiguada, al menos en sus consecuencias, si hubiera habido una intervención rápida, correcta e imprescindible del Gobierno Autonómico y la ayuda masiva e incondicional del Gobierno de España que ante la magnitud de los acontecimientos, debería de haber tomado las riendas y la dirección de la emergencia.
Pero no lo hizo, poniendo en práctica un comportamiento premeditado y sibilino de no querer gastarse al tener que asumir responsabilidades, método que ya empleó en la pandemia dejando solas a las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones y que tanta controversia había suscitado con alguna de ellas. En desagravio hay que decir que no sorprende tanto ese comportamiento en un partido que defiende un federalismo asimétrico, desde luego inconstitucional, pero que le da oxígeno en sus acuerdos con los partidos nacionalistas que soportan al gobierno y que le permiten permanecer en La Moncloa.
Otra cosa es tratar de explicar el comportamiento autonómico en el centro de la emergencia encabezado por el presidente Mazón que no pudo haber sido más incompetente, tardío y lamentable al no poner en marcha las alertas ni estar en los instantes decisivos al mando de la crisis y además al haber tratado de justificarse repartiendo responsabilidades en su comparecencia en el Parlamento regional.
Se agotó el tiempo, ni un minuto más, y el señor Mazón tiene que ser cesado por el señor Feijóo dando muestra de su liderazgo, que lo tiene. Pueda o no pueda cesarlo reglamentariamente sí puede imponérselo y abandonar una protección que parece inexplicable.
Sin ese gesto imprescindible, el PP no tendría todos los argumentos en su mano para el veto a la ministra Ribera, que efectivamente demostró la misma incapacidad y lentitud en la toma de decisiones y no debería de ser propuesta para una vicepresidencia europea. Con ambos fuera de la gestión, se podrá abordar mejor la ingente labor de reconstrucción que se requiere.
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