JUSTICIA DEMOCRÁTICA

El mensaje lanzado por los independentistas ha sido claro: la leyes sólo se aplican cuando convenga a los intereses de una mayoría instalada en el poder ejecutivo. No otra cosa se esconde bajo una serie de eufemismos que poco tapan; eufemismos como 'hay que desjudicializar la política', 'la vía de los tribunales no es la adecuada', etc. En el fondo de esos planteamientos late el viejo sentimiento carlista de los fueros y los privilegios, de la exención de los fuertes hacia el cumplimiento de la ley… hacia la desigualdad.

El mensaje emitido y respaldado, al menos por desistimiento, por el partido socialista no puede por menos que activar todas las alarmas. Lo que pretenden los secesionistas catalanes y vascos es simplemente que el poder judicial se abstenga de intervenir en delitos cometidos por cargos electos. Dicho de manera más clara: crear un espacio de impunidad para los políticos, de manera que las leyes no les afecten y puedan, con esa patente de corso, caminar desde la democracia al totalitarismo.

La democracia permite que sea el poder legislativo, cuyos representantes se eligen de manera libre, quienes aprueben las leyes. Y por tanto el corpus legislativo tiene ya el aval democrático. Una vez que la norma está en vigor la deben acatar todos, sin excepción. Si se generan espacios en los que la justicia no pueda aplicarse, estaremos adentrándonos en un terreno que bien podría calificarse como de pre-totalitario. Precisamente el hecho que permite detectar un régimen dictatorial es que los tres poderes están en la misma mano, de forma que la justicia solamente se aplica según convenga al dictador.

Una aspiración de los independentistas ha sido, y sigue siendo, no acatar las leyes para socavar al estado y para poder actuar sin respetar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. En el caso de los secesionistas catalanes este deseo se hunde en los albores de la democracia: el caso del fraude en Banca Catalana, con Jordi Pujol al frente, fue un claro ejemplo de saltarse la ley si conviene a la causa. El tiempo ha servido para comprender, sin atisbo de duda, que el objetivo era sentar los cimientos de la causa secesionista con dinero de todos. También la incapacidad del poder judicial para embridar el fraude ha servido para que el problema, en lugar de reconducirse, se ampliara hasta el presente.

En un país en el que, con todos los defectos que se quieran esgrimir, han sido juzgados y condenados personalidades como Rodrigo Rato, Urdangarín, Chaves, Griñán, Barrionuevo parte de la familia Ruiz Mateos, etc. no es aceptable que se quiera dotar de inmunidad a unos políticos que se han saltado la ley, que lo han hecho con pleno conocimiento de causa, que fueron advertidos de que incurrían en delito si proclamaban la independencia y que, además, tras ser condenados mantienen que no admiten su responsabilidad y que volverían a delinquir si presenta la ocasión.

Determinadas acciones de los secesionistas se dirigen, de manera premeditada, contra el ordenamiento jurídico con la estrategia de echar un pulso a la democracia y lograr que, por el infundado temor a aplicar la ley, se obtenga un trato diferenciado. No deja de ser paradójico que quienes, durante mucho tiempo, proclamaron la necesidad del fin de los aforamientos y de que la ley ataña a todos por igual, ahora defiendan privilegios y consideren que el código penal no afecte a los políticos. Precisamente los que han exigido la eliminación privilegios, son quienes ahora proponen crear áreas de impunidad.

Cuando existe un problema, y es evidente que el independentismo lo es para España, se debe afrontar con sensatez, diálogo y amplia visión… pero siempre con el cumplimiento de la ley como elemento esencial y con un principio inamovible: la igualad de todos los españoles. Las leyes sirven precisamente para blindar los derechos y para impedir que se puedan vulnerar los principios. Cuando se fragmenta la ley y, con unas u otras razones, se trata de evitar que una determinada casta social deba cumplir como el resto, lo que se quiere imponer no es otra cosa que un régimen antidemocrático, un régimen dictatorial.

No resulta coherente plantear la necesidad de desjudicializar la política, como tampoco sería aceptable impedir que la ley se aplique a empresarios, trabajadores o militares. Las leyes deben ser universales, como garantía de que el delito lo es sea quien sea quien lo cometa. Si una ley parece inadecuada, o incluso injusta, lo que se debe hacer, en un sistema de libertades y democracia, es modificarla o derogarla con los procedimientos ya previstos. En ningún caso generar áreas en las que las leyes no resultan de obligado cumplimiento.