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La justicia tras el Covid-19

La propuesta 'estrella' de habilitar todas las actuaciones judiciales entre el 11 y 31 de agosto, mes que siempre se ha considerado inhábil, va a ser un rotundo fracaso

Martes, 12 de mayo 2020, 07:18

El pasado 14 de marzo se declaró el estado de alarma y, con ello, se paralizaron los plazos procesales y la práctica totalidad de las actuaciones judiciales en nuestros tribunales. Desde ese momento nuestra actividad profesional está paralizada, así como los procedimientos a través de los que los ciudadanos han solicitado la tutela judicial.

La abogacía era consciente de la situación en aquel momento e incluso solicitamos la suspensión de los actos judiciales, en la comprensión, fruto de la explicación didáctica de las autoridades sanitarias, que debían implantarse estrictas medidas que evitasen el contacto y frenar así el contagio. No obstante, hemos mantenido nuestro compromiso garantizando (en silencio y cumpliendo con nuestra obligación) el derecho a la defensa de los detenidos o de las víctimas de violencia durante este período, como siempre, 24 horas al día y con un nivel de eficacia que quiero destacar.

Han transcurrido casi dos meses y seguimos en la misma situación, lo que, a esta fecha, resulta inadmisible en la prestación de un servicio público esencial para los ciudadanos. La abogacía se ha organizado a través de su Consejo General y de los colegios y el pasado 6 de abril presentó ante el Ministerio de Justicia una serie de propuestas que permitían compatibilizar la restricciones en el acceso a las sedes judiciales, con el reinicio de la actividad judicial, en aquellos procesos y trámites que se desarrollan por escrito.

Estamos venciendo a la pandemia gracias a la entrega y dedicación de nuestros sanitarios y a la responsabilidad de la ciudadanía. Resulta indispensable la inmediata reanudación de la actividad de los juzgados y tribunales para satisfacer el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que, en muchos casos, requieren de una respuesta sin dilación, precisamente en la situación actual. De manera incomprensible, no se ha atendido a la abogacía y la respuesta a nuestras iniciativas ha venido de la mano de un 'plan de choque' propuesto por el CGPJ que no afronta el problema en el corto plazo y, por el contrario, supone una reforma procesal global que va a restringir las garantías de las que gozan los ciudadanos en el procedimiento, limitando sus garantías, la contradicción y la defensa. En definitiva, un retroceso.

La segunda respuesta se ha concretado en el Real Decreto 16/2020 de 18 de abril que establece medidas procesales y administrativas en la administración de justicia, que, en su artículo 1, incluye como propuesta 'estrella' la habilitación de todas las actuaciones judiciales entre los días 11 y 31 de agosto, mes que siempre se ha considerado inhábil en los tribunales, excepción hecha de los procesos que sean urgentes. La abogacía ya explicó en su informe que la solución para paliar los efectos de la parálisis judicial pasaba por concentrar las vacaciones de todos los operadores jurídicos en el mes de agosto, propuesta que significaba mantener la actividad al máximo rendimiento durante 11 de los 12 meses del año. Esta decisión va a ser un rotundo fracaso como podremos comprobar en su momento y solo va a provocar un retraso añadido al que ya acumulamos en este período. Espero que podamos reconducir de forma consensuada esta decisión, mediante la organización, seguimiento y control de la actividad durante dicho período, que pasa por concentrar el período vacacional de todos en el mes de agosto. Estoy seguro de que, para ello, vamos a contar con todos los operadores jurídicos de Cantabria.

Ahora toca regresar a la actividad judicial sin demora, diseñando un plan acordado en el que, siguiendo las exigencias de las autoridades e implantando las medidas de protección necesarias, se vuelva de forma escalonada a recuperar la actividad de la administración de justicia.

Para ello y sin dilación hay que recuperar el impulso de todos los trámites escritos, la notificación de las más de 500 sentencias que han dictado los tribunales colegiados en Cantabria e intentar reducir el colapso que se ha acumulado durante este período y el que se avecina al regreso. En relación a la instauración de los juicios telemáticos hay que determinar, de nuevo mediante el consenso, las situaciones en las que resulta posible.

Para la puesta en práctica de este plan, el presidente del TSJ cuenta con la aportación que vamos a hacer desde el Colegio de Abogados para que, entre todos, podamos afrontar el regreso a un escenario tan complejo de la mejor forma posible. Tenemos en Cantabria un activo fundamental: la existencia de unas buenas relaciones entre magistrados, fiscalía, abogacía y procura, así como con la consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. Por lo que, a través del diálogo, del contacto permanente y con el esfuerzo conjunto, podemos afrontar en una mejor disposición el escenario incierto que se nos avecina.

Nuestro colegio se va a implicar de forma activa en esta finalidad, en el cumplimiento de una de nuestras misiones, para la que reiteramos nuestra colaboración leal y exigente en el funcionamiento de la Administración de Justicia. No podemos tener suspendido por más tiempo este servicio público esencial.

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