¿Una ley para la juventud cántabra?

Transcurridos 25 años, el Gobierno de Cantabria -institución competente en materia de Juventud- se halla elaborando una Ley de Juventud. Durante este tiempo la situación de precariedad e incertidumbre que afecta a los jóvenes no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado por las distintas crisis acaecidas (económica, sanitaria...) Estamos ante una juventud hiper-formada y rica en bienes materiales, pero imposibilitada para desarrollar su itinerario de vida. Su situación se asemeja a los antiguos libertos romanos: pese a ser formalmente libres y poseer más derechos que nunca, siguen atados al hogar familiar, a la cola del paro o a la prolongación de los estudios. Frente a la juventud española de los 60 -que carecía de libertad pero no de esperanza- la juventud actual se halla cada vez más desesperanzada, lo que puede derivar en una serie de fenómenos negativos como: aumento de enfermedades psico-emocionales (con suicidios en los casos más graves); de comportamientos anómicos e intolerantes; o de protestas sociales. Para más inri, las generaciones jóvenes son menos numerosas, votan menos y no se organizan en lobbies como otros actores sociales, lo que dificulta la entrada en la agenda política de sus reivindicaciones. Además, el Estado de Bienestar español viene dirigiendo sus ayudas al cabeza de familia por encima de favorecer la emancipación de los hijos; los sindicatos tradicionalmente han defendido los derechos sociales de los 'bien instalados' en el mercado laboral, frente a los del 'precariado' juvenil; y las políticas de empleo se han dirigido preferentemente a los parados de larga duración, sin abordar el circulo vicioso por el cual los jóvenes no trabajan por carecer de experiencia y carecen de experiencia por no acceder al trabajo.

A partir de ahí, cabría preguntarse si una Ley - donde se recojan sus derechos y demás formalidades- sería la herramienta más adecuada para intervenir en los problemas de esta 'juventud liberta'.

En principio me parece una iniciativa muy loable, siempre que no se quede en papel mojado y -siguiendo con el símil lluvioso- sirva como 'paraguas' para ordenar e impulsar las políticas juveniles de Cantabria y sus municipios, tanto las políticas sectoriales que se realizan desde las áreas administrativas de Juventud, como las políticas integrales, que se ejecutan coordinadamente desde las distintas áreas implicadas: Empleo, Vivienda, Cultura, Bienestar Social, Educación...

Así, si el Gobierno cántabro asume la elaboración de una Ley para la Juventud, debe ir vinculada a una voluntad política -impulsada desde Presidencia y ejecutada de forma transversal por las distintas consejerías- para que la iniciativa derive en actuaciones eficaces y adaptadas a las necesidades de los jóvenes. Para ello sería muy deseable tomar nota de la experiencia en otras Comunidades y crear un organismo autónomo que coordine dichas políticas juveniles y las implemente de forma ágil y eficiente. Para ello -además de una adecuada dotación económica- será fundamental seleccionar bien a responsables y demás recursos humanos, buscando la profesionalidad y el conocimiento por encima de los 'amiguismos políticos'.

Precisamente en una 'sociedad del espectáculo' como la nuestra, donde todo es 'postureo' y apariencia, sería una pena que la futura Ley se quedase en eso, en una iniciativa formal con poca relevancia práctica e incidencia escasa en los jóvenes. Porque en esta cuestión deberíamos dejar al margen tanto los posibles 'prejuicios' hacia la juventud, como las visiones partidistas o ideologizadas. Invertir en la juventud es hacerlo en el futuro de nuestra sociedad, es replantearse qué legado queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Y eso es algo que nos atañe a todos como comunidad, al margen del color político.