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La escasez de viviendas disponibles en España ha producido una situación en la que muchas personas, especialmente jóvenes, no encuentran un lugar para vivir que esté acorde a sus ingresos. Los precios se han incrementado mucho y la reticencia de los españoles por el alquiler, ... unida a lo elevado de su coste, agrava el problema. Desde diferentes gobiernos y en distintos niveles –nacional, regional y municipal– se han desarrollado leyes e iniciativas para paliar la situación y lograr que en España exista una oferta de casas a preciso asequibles, sin que los resultados sean satisfactorios.
Ahora, el Gobierno de España quiere regular por ley los precios de los alquileres y de la vivienda, en un camino erróneo que no soluciona el desequilibrio entre oferta y demanda. Las leyes no aportan soluciones si se dictan en contra de la lógica y los deseos de los ciudadanos. Es razonable, incluso necesario, que el gobierno intervenga para equilibrar un mercado tan importante como el de la vivienda, pero debe hacerlo con conocimiento de causa y a partir de la experiencia. En España tenemos una larga y diversa historia en cuanto a políticas para abaratar el mercado inmobiliario y una seria carencia de cultura del alquiler.
Si comenzamos por la política de arrendamiento nos encontramos que la falta de garantías para el propietario es una de las causas de la escasa oferta. Conviene recordar que durante los años de dictadura franquista las rentas estuvieron casi congeladas y los propietarios se vieron seriamente perjudicados. Aquella filosofía falangista –nacional socialista– del primer franquismo destruyó el mercado del alquiler. Para paliar el problema el régimen edificó cientos de miles de casas con ayudas especiales. Las denominadas viviendas de protección oficial y ese proyecto produjo resultados positivos, pero aceleró la apetencia por casas en propiedad y dejó de un lado los arrendamientos.
En estos momentos, y desde los gobiernos, se debería activar un proyecto para que el acceso a la vivienda fuera accesible. Para ello basta con acudir a las leyes del mercado, es decir a la realidad. Los diferentes estamentos con capacidad de intervención pueden equilibrar la oferta y la demanda.
Una primera medida sería abaratar el suelo edificable de manera que se pudieran edificar casas con menos coste. Otra actuación pudiera ser la aceptación de los edificios en altura, de manera que el terreno se abaratara más y lo mismo las infraestructuras. Cada urbanización de viviendas unifamiliares consume una enorme cantidad de suelo y precisa de kilómetros de cables, redes de saneamiento, tendidos eléctricos, etc.
Si los gobernantes creen que la iniciativa y gestión pública es mejor que la privada el camino es claro: construir miles de viviendas y ofertarlas en alquiler o venta a precios moderados. Con ello se atiende en poco tiempo la demanda de pisos de renta moderada y con el beneficio de los alquileres se pueden generar nuevos fondos para proseguir el proceso. La construcción de pisos se puede desarrollar en muy poco tiempo si se agilizan los farragosos trámites burocráticos. Basta recordar que el edificio de lo que fue la Residencia Cantabria –hoy vacío y abandonado– se levantó en poco más de un año y en el presente las técnicas de construcción han mejorado mucho.
Hace años, el sindicato UGT inició un ambicioso programa de construcción de viviendas sin que mediara el lucro del promotor, un desafío a lo que se creyó un abusivo negocio privado. La empresa fracasó y nunca más se ha intentado resucitar la idea. Sí lo que se busca es que los dueños de pisos alquilen la solución reside en una legislación clara que permita agilizar las operaciones con garantías. Es absurdo pensar que un propietario de pisos vacíos renuncie a percibir una renta mensual por capricho o maldad…, si no lo hace es porque no existen garantías reales de que cuando trate de vender la vivienda se encuentre con serios obstáculos para desalojar al inquilino.
Para que en España se promuevan nuevos edificios y se fomente el alquiler basta con ofrecer un marco legislativo que elimine los numerosos obstáculos que ahora existen y con unos planes de urbanismo menos restrictivos, planes más cercanos a la realidad. Una bajada de las diferentes cargas fiscales también debe implementarse para favorecer viviendas con precios más bajos.
Para regular el mercado inmobiliario, de manera clara y transparente, será necesario aunar la iniciativa pública de casas asequibles, con una política realista para que se promueva el arrendamiento y se faciliten los trámites para construir nuevos pisos.
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