La libertad de expresión

Al margen de ese despreciable espectáculo, lo que me parece grave es el abuso por parte de grandes compañías tecnológicas para censurar cuentas y plataformas de forma preventiva. Tienen todo su derecho a bloquear a los delincuentes o a quienes fomenten la violencia o el odio, pero no a «presumir» el mal uso futuro bloqueando toda una aplicación de comunicación como 'Parler'.

Desde la presidenta de Alemania hasta el de México, las voces de quienes alertan del excesivo poder de estos grandes medios tecnológicos se extienden cada vez más. No se trata de meros emitentes de información, que tendrían todo el derecho a aceptar o no distintos contenidos, son compañías que prestan un servicio público, aunque sean privadas.

Es algo así como si una compañía privada de autobuses decide suspender el servicio en una ciudad porque prevé que pueden acudir a un evento en el que podrían producirse abusos. O como si nos cortan el servicio telefónico a toda una ciudad porque alguien ha hecho llamadas a la violencia. Son acciones radicales, que no tienen proporción con el esperpento del pasado 6 de enero.

La democracia se basa en la libertad de expresión. Y es el poder judicial el que debe tutelar los límites. Porque en caso contrario, serán los poderes fácticos, empresariales o políticos, los que impondrán el pensamiento único, actuando de forma arbitraria, sin ningún control.

A partir de ahí debemos actuar en dos frentes: evitar los monopolios en estas redes y exigir a quienes prestan esos servicios que no puedan arbitrariamente cerrar perfiles, sin unas causas objetivas e iguales para todos. Los cambios tecnológicos de estos últimos años se producen a un ritmo vertiginoso. Tanto los ciudadanos, como los legisladores, debemos responder con firmeza a la amenaza que supone para la libertad de expresión, la auténtica víctima de este 2021.