Lo llaman «desjudicializar»

En un Estado de derecho resulta insólito que se alcance un compromiso político de «desjudicializar» las responsabilidades en que incurrieron los promotores del 'procés'. En qué consiste eso de «desjudicializar» y cómo pretenden socialistas e independentistas catalanes llevarlo a cabo son las cuestiones esenciales a las que habría que responder de una manera que encajara en los parámetros de un sistema democrático. Porque la propia palabreja expresa exactamente la operación en marcha, que consiste, por una u otra vía, en privar a la justicia de su poder para juzgar y hacer cumplir lo juzgado.

La desjudicialización a la que se alude no es más que un compromiso de impunidad con el reencuentro entre Cataluña y España -así se formula- como coartada política con pretensiones de legitimación moral. El procedimiento más obvio y descarado ha sido el de los indultos de los condenados por la sedición del 1 de octubre de 2017, una medida vigorosamente rechazada por el Tribunal Supremo con los que el Gobierno no se ha recatado de sugerir que se trataba de una decisión que venía a corregir una condena excesivamente dura. El segundo procedimiento queda confiado al activismo de la Fiscalía, politizada como nunca hasta ahora y alineada con la estrategia política del Gobierno en relación con el tratamiento judicial del proceso independentista. Ha ocurrido con Dolores Delgado y ocurrirá con su sustituto. Negarán presiones políticas. En realidad, no las necesitan, ya que la condición necesaria para su nombramiento es la sintonía con la pretensión gubernamental de liquidar la actuación del Estado de derecho contra los secesionistas con un cálculo temporal medido y guardando mínimamente las formas.

Respondida por el mismo Sánchez la pregunta sobre de quién depende la Fiscalía -«¡pues eso!»-, el tercer procedimiento es, ahora, adaptar la renovación del Tribunal Constitucional a ese objetivo de desjudicialización, asegurando nombres dispuestos a mancharse las togas con polvo del camino -en la conocida imagen del ex fiscal general y presidente del TC deseado por los socialistas tras su futura renovación, Cándido Conde-Pumpido- para que actúen como cancerberos de último recurso para deshacer lo que decida la justicia. Es desolador que se asuma con la naturalidad con que se está haciendo que si se produce una determinada configuración del Constitucional se aprovecharán los recursos de amparo como vía encubierta de indulto, incluido de paso el de José Antonio Griñán.

Y queda, por fin, la reforma legislativa: puesto que los resultados están predeterminados por el Gobierno, se ajustan las reglas como haga falta para asegurarse de que dichos resultados se producen. Por ejemplo, si se reforman los delitos de sedición y rebelión para rebajar su penalización, Puigdemont y los compañeros de fuga quedarían más que aliviados de su carga penal y podrían ver con otra cara la eventual decisión de los tribunales europeos y belgas de entregarlos a la justicia española o incluso podrían decidirse a venir antes por decisión propia. Por cierto, deberían ahorrarnos esa cantinela falsa de que tenemos que alinear los tipos de la sedición y la rebelión «con Europa» porque no existe tal uniformidad, ni hay un tipo europeo de estos delitos.

Tanto empeño de los secesionistas y del Gobierno socialista en su enmienda a la totalidad de la reacción frente a lo ocurrido en Cataluña viene a demostrar que la ley, lejos de ser un obstáculo, es el mejor tratamiento. El artículo 155 de la Constitución se aplicó. A mi juicio, tarde, pero se aplicó. No se produjo ese Vietnam político que algunos presagiaban. A los responsables de la sedición se les juzgó y condenó. Vimos entonces que estos personajes carecían de épica. Simplemente mintieron.