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Parece algo sencillo de entender; cuando lo hablamos en foros públicos o privados la gente lo asume con normalidad, enseguida se comprende que la violencia no hace compartimentos estancos en alguna habitación de la casa, que la violencia contamina toda la vida de la familia, ... aunque las madres intenten parar ellas mismas la que les pueda llegar a sus hijas e hijos. Pero no, no es posible.
Y este mes de abril nos lo ha vuelto a confirmar: el lunes 4 nos informaban los medios de que el domingo 3 un maltratador asesinaba en Sueca a su hijo Jordi, que cumplía ese día 11 años. La tarde-noche del lunes nos enviamos montones de mensajes entre nosotras tratando de reaccionar, de comprender lo inevitable y decidimos, una vez más, salir a la calle a clamar que estábamos horrorizadas, consternadas, que todas éramos esa madre, esa abuela, esa familia...
Así lo hicimos el martes 5 en la Plaza del Ayuntamiento de Santander y pedimos explicaciones: ¿cómo ha podido pasar?, ¿por qué no se cumplen la reciente ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia y la reforma del Código Penal que suspende el régimen de visitas con los hijos e hijas en los casos de violencia contra las madres?
¿Cuántos más puntos ciegos tiene el actual sistema de protección?, ¿cuántas más mujeres y sus hijos e hijas habrán de morir para corregirlos?
¿Cómo es posible que con el esfuerzo, el estudio, el activismo de todo el movimiento feminista para acabar con esta sinrazón, aún haya más de 800 maltratadores en las cárceles que reciben la visita 'debida' de sus hijos e hijas?
Pero hoy, además, estamos estupefactas ante las declaraciones de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tras conocer el caso y la falta de coordinación entre juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) aclara en un comunicado que «ninguno de los cónyuges informó al juzgado de Familia de la existencia de un procedimiento penal por malos tratos».
Asimismo, estimado lector, 'estNINGÚNimada lectora', son las mujeres que quieren divorciarse como sea, como sus maltratadores impongan, con tal de no vivir más juntos. También sus maltratadores los que tienen que advertir en el Juzgado de Familia (¿de qué familia, qué familia les importa a los jueces?) que no les otorguen visitas.
¿Qué pretenden?, ¿Que las activistas feministas hagamos de escudos humanos en las visitas a maltratadores para preservar la vida de las y los menores? Pues si la Administración de Justicia es así de inepta, tendremos que hacerlo.
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