El agua y la memoria

Ahora España se muere de sed y se aviva el eterno debate sobre las medidas precisas para que el agua se distribuya con equidad y eficiencia, para generar riqueza y bienestar. En un momento de nuestro pasado reciente, en los primeros años del siglo XXI, el parlamento español aprobó un Plan Hidrológico Nacional, para aprovechar toda el agua excedentaria que se vierte al mar sin provecho. Uno de los ejes del plan era la interconexión de las cuencas y gestionar de manera racional el agua del Ebro, el río más caudaloso de España, que lanza al Mediterráneo miles de millones de litros cada día.

Para desarrollar ese proyecto ambicioso fue nombrado un ingeniero cántabro, José Luis Gil, que inició la tarea con entusiasmo y rigor técnico. La fuerte presión de los independentistas catalanes y la colaboración de los aragoneses dejó el Plan Hidrológico en papel mojado. La muerte de aquella idea de llevar el agua sobrante de la cuenca del Ebro y otras, a las zonas secas del país chocó frontalmente con el egoísmo de las minorías identitarias.

Las tesis aldeanas, egoístas e insolidarias se impusieron, paradójicamente, por el impulso de partidos que se autodenominan progresistas y que llevan la igualdad en el frontispicio de sus siglas. Durante años, las aguas del Ebro han ido al mar –que es el morir, en el poema de Jorge Manrique– sin poderse aprovechar para que el Levante español se pueda beneficiar de ese caudal excedentario.

Cuando el gobierno dejó sin efecto el Plan Hidrológico Nacional anunció la alternativa: plantas desaladoras en la costa mediterránea. La construcción de varias estaciones para eliminar parte de la sal del agua del mar ha evidenciado los serios problemas que plantea esta técnica. La calidad de agua obtenida es muy inferior a la natural; el coste económico de la construcción y el mantenimiento es muy elevado; para transportar el agua desalada es necesario construir una red de distribución costosa y además no se puede llevar a zonas altas por el desorbitado coste energético. El impacto ecológico supone un freno a su construcción.

La sequía incluso amenaza a Cantabria, territorio de la España húmeda. Hace años se propuso estudiar –solamente estudiar– la posibilidad de construir un pantano en la cabecera del río Pas. Una forma de embalsar agua cuando sobre y aprovecharla en la sequía. Como era de prever, el proyecto no logró llegar ni siquiera a infografía, porque era un 'atentado ecológico', según afirmaron quienes siempre encuentran razones para frenar y destruir y casi nunca para avanzar y crear.

El pantano del Ebro, en Campoo, es otro ejemplo de la costra política que frena la utilización racional y sensata de los recursos hídricos. El embalse, de grandes dimensiones, se nutre prácticamente en un ciento por ciento del agua y la nieve que cae en los montes de nuestra comunidad. Pese a esa evidencia, hemos asistido a la negativa a permitir que Cantabria aproveche parte del agua que se genera en su propio territorio cuando lo necesite. La sinrazón llegó hasta que esa negativa haya servido para que la Justicia rechazara el nuevo plan de ordenación urbanístico de Santander.

La fragmentación de la responsabilidad en organismos diversos, que crecen sin tasa y generan una maraña legislativa y burocrática, es responsable, parcialmente, de que ante una etapa de sequía España se encuentre indefensa y que este año se pierdan cientos de millones por la inviabilidad de las cosechas.

Ahora, cuando se sienten los efectos de anular aquel plan hidrológico, es momento de reflexionar y adoptar medidas consensuadas con el objetivo de utilizar el agua con justicia, igualdad y rentabilidad. Quienes anularon el plan ya aprobado deberían rendir cuentas y los gobernantes actuales aprender de los errores para encarar una transformación que lleve el agua a todos los que la necesitan.