Ausencia de responsabilidad

Hay ejemplos recientes de la forma disfuncional de aplicar las leyes surgidas del parlamento, ejemplos que resultan muy perjudiciales para el prestigio de la justicia ante la opinión pública. Recientemente hemos leído, en este mismo periódico, una información que produje perplejidad o más bien indignación. Un hombre es detenido y acusado de abusos a una menor que estaba bajo custodia en un centro de acogida de menores de Cantabria. Se le imputan cargos como penetración vaginal y anal. El juez decide, tras instruir las oportunas diligencias, dejarle en libertad a la espera de juicio, con una petición fiscal de varios años de prisión.

Cuando se conocen más detalles se sabe que la persona acusada es un joven de nacionalidad dominicana, que vive en España y que ya tenía antecedentes por delitos sexuales, también con menores. El día del inicio del juicio el acusado no se presenta y no hay forma de localizarle. Se ordena busca y captura. ¿Sorpresa por la no presentación al proceso? No, la sorpresa habría sido que un extranjero permaneciera en España varios meses a la espera de juicio con la casi seguridad de que deberá ingresar en prisión. Naturalmente desde el gobierno no se informa de qué juzgado tramitaba el caso, ni del nombre del magistrado. Estas actuaciones debilitan la fe en los tribunales y evidencian una falta de criterio, casi de sentido común.

La noticia pasó como cualquier otra, sin reacción alguna. Ningún partido político, ninguna asociación en defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia machista ha levantado la voz. El silencio normaliza este tipo de decisiones judiciales y eleva más el sentimiento de que el sistema judicial es deficiente. No se habla de medidas para evitar que casos similares se puedan volver a producir.

La aplicación de las leyes denota una carencia de igualdad y objetividad. Es más, en el presente se defiende, desde partidos plenamente democráticos, la 'desjudicialización' de determinados hechos que, obviamente, son sancionados por el código penal. Disfrazar una agresión bajo la capa de que fue una acción política no tiene sustento. Una cosa es sustentar ideas y exponerlas en libertad y otra golpear a un policía. En el 'estanque dorado catalán' se aplica una justicia diferente a la del resto de España. El caso del expresidente autonómico, Jordi Pujol y su familia, es un gran ejemplo. Tras meses y años de descubrirse los presuntos delitos fiscales de Pujol, el juicio no se inicia. Mientras, quien fuera presidente de esa comunidad autónoma es respetado en su tierra como si fuera un probo ciudadano.

En otro orden de cosas, pero con el denominador común de la falta de rigor en el cumplimiento de la norma, se sitúa el incendio de las tres discotecas de Murcia con un trágico balance. Tras la catástrofe, se descubre que las discotecas carecían de licencia para ejercer su función y que existía una orden de cierre desde hacía un año. Los establecimientos funcionaban de manera normal, incluso con anuncios de fiestas y eventos especiales. La pregunta es sencilla ¿Ningún policía municipal se percató de que tres discotecas ilegales permanecían abiertas? ¿Por qué el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia no procedió a cerrar esos negocios?

Ahora es el momento de exigir que los responsables de este trágico suceso afronten las consecuencias de sus actos. Los primeros los dueños de los negocios que hicieron caso omiso a las órdenes dictadas. También el equipo de gobierno del municipio murciano, del PP, que no ha sido capaz de hacer cumplir una medida tan sencilla como el cierre de los locales. Situaciones como las provocadas por el incendio de Murcia deterioran la imagen de la justicia e incentivan la desconfianza en los gobernantes.

La aplicación de las leyes debe ser universal, sin excepciones. Junto a ese principio es imprescindible el control del cumplimiento de las normas. La asunción de las consecuencias de la falta de control por organismos públicos debe situarse en un primer plano y la negligencia de los técnicos encargados de inspeccionar conllevar las oportunas sanciones. La impunidad y la dilación de los procesos alimenta el desprestigio de políticos y gobernantes.