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Las democracias se construyen mediante un entramado de equilibrios, acuerdos y principios. El acto de ejercer el voto es el momento culminante de un proceso, que debe desarrollarse con libertad y de forma completa. Un proceso esencial para que el gobierno del pueblo sea cierto. ... Votar a ciegas, hacerlo bajo coacción o por la venta del sufragio, transforma un sistema democrático en un ritual vacío, carente de cualquier valor. Una primera condición para la existencia de la democracia es la división de poderes, en la clásica definición de Montesquieu: el poder legislativo, ejecutivo y judicial.
Además de estos principios generales, admitidos de manera universal, para que un sistema democrático sea sano y vigoroso es esencial que exista una sociedad civil con peso suficiente para garantizar que se respeten la separación de poderes y que la libertad individual se sitúe en lugar predominante. El control del poder es esencial. Montesquieu decía: «Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites». Situar con claridad esa frontera frente a quienes detentan el poder es imprescindible para preservar la esencia del gobierno del pueblo.
La sociedad civil, el conjunto de organizaciones profesionales, sindicales, culturales, universitarias, deportivas, etc. que logran el Progreso y mejoran las condiciones de vida. Las naciones en las que la libertad, la justicia y los avances en el bienestar imperan son aquellas que cuentan con una sociedad civil potente.
La tendencia universal del abuso de quienes han llegado al poder se equilibra con la separación de poderes y se perfecciona con la existencia de una potente sociedad civil. Cuando los empresarios, los sindicatos, las universidades, los entes culturales... son dependientes del gobierno, la fuerza de impulso y equilibrio, para el conjunto de la nación, se debilita.
Un análisis de la situación de España concluye con la inexistencia de la sociedad civil y ahí radica uno de los problemas que a todos nos afecta. Si los bancos dependen de decretos gubernamentales, los sindicatos se nutren del dinero público, algunos medios de comunicación dependen de la publicidad institucional, los colegios profesionales actúan con debilidad por necesitar del poder, los activistas culturales miran de reojo a los gobernantes para no perder las subvenciones... bien podemos concluir que el poder ejecutivo crece de tal manera que anula al resto y conduce a una situación próxima al totalitarismo.
Para el buen funcionamiento de la sociedad se precisa una situación de equilibrio entre la regulación, que impida excesos y proteja a los más desfavorecidos, y el extremo contrario, que permite que el gobierno de turno acapare tal peso que, de facto, constriñe la libertad individual y la iniciativa creadora de riqueza y progreso.
En España apenas existe sociedad civil y ello conduce a la ausencia de un tejido económico y social más flexible, justo y democrático. Un objetivo esencial para España –en Cantabria de forma más apremiante– es la formación de esa sociedad civil, capaz de articular soluciones a los problemas, al margen de la pesada y, en ocasiones, torpe maquinaria gubernamental. La tarea no es sencilla. El temor a ejercer la libertad, con todas las consecuencias, produce sociedades timoratas, incapaces de asumir riesgos y acomodadas a una rígida normativa que ofrece seguridad, al mismo tiempo que coarta la iniciativa y la libertad.
Si los ciudadanos conocieran en detalle la ingente cantidad de requisitos y regulaciones existentes, para desarrollar cualquier tipo de actividad, comprendieran la imposibilidad del cumplimiento de las mismas y también de ejercer un control de inspección para vigilar que se apliquen de forma efectiva.
Es la sociedad civil, en los países –pocos– en los que existe, la que puede, mediante la autorregulación, alcanzar el objetivo del preciso equilibrio entre una híper normativa y unos criterios básicos que permitan respetar las normas básicas sin aplicar especificaciones exhaustivas que terminan formando un enorme grado de rigidez y, finalmente, conducen a dejar de cumplir los elementos esenciales.
Los colegios profesionales, las agrupaciones vecinales, las asociaciones culturales y la larga relación que conforman la sociedad civil deberían asumir su papel y alzar su voz para que se escuchara, en los ámbitos en los que se toman decisiones ejecutivas. La falta de diálogo de los gobernantes con los administrados es una de las causas del desencanto existente entre los españoles respecto a la clase política.
Los españoles debemos actuar, siempre dentro de la legalidad, para asumir el protagonismo que emana del pueblo y que debe ser tenido en cuenta por los dirigentes. Una sociedad civil, activa, abierta y libre es la base para que un país logre una vida mejor para quienes residen en él.
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