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El panorama de España en los próximos cuatro años se despeja, al menos parcialmente. Tras el fallido intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo sólo restan dos opciones: un gobierno comandado por el partido socialista con una amalgama de independentistas y formaciones de ultraizquierda o ... volver a votar, allá para enero del año 2023. En esta circunstancia Cantabria, o mejor dicho los cántabros, nos enfrentamos a una situación de enorme trascendencia: trazar la senda del futuro inmediato, ya que pese a disfrutar de autonomía en muchos aspectos, la dependencia del gobierno central es fundamental.
Si dejamos a un lado las diferencias ideológicas entre la izquierda y la derecha, que apenas tienen efectos sobre los grandes problemas que debe resolver Cantabria, llegamos a la esencia del debate: ¿Cómo los cántabros recuperamos los años perdidos por el abandono del Gobierno central? ¿De qué manera se compensa a los españoles no independentistas por las exorbitantes inversiones que se han otorgado a otras regiones? La respuesta a estas interrogantes se apunta muy negativa. Si catalanes y vascos no solamente no compensan a quienes vivimos en otras comunidades sin las infraestructuras que ellos disfrutan, sino que pretenden aumentar esa brecha en base a lograr más dinero y más privilegios, los cántabros pasaremos a ser ciudadanos de un segundo nivel, lejos de la igualdad.
La pugna entre los independentistas, una minoría, y el resto de los españoles se reduce a que unas personas obtengan un trato especial mejor y diferente que el resto. Las regiones con mayores recursos avanzan paso a paso en la construcción de una España en varios niveles y Cantabria pierde posiciones de manera lenta, pero imparable.
Quienes enarbolan la bandera de la independencia o bien han logrado que su supremacismo se incorpore en la propia Constitución, como en el caso de Navarra y las provincias vascas, o como ahora los secesionistas catalanes que exigen más de 450.000 millones de euros en compensación por una delirante deuda del conjunto de España con una región que ha recibido un trato de privilegio por parte del Gobierno de España.
Frente a la posibilidad de que el PSOE logre que su candidato sea investido presidente y, con toda legalidad, forme un nuevo gobierno en España, Sociedad Civil Catalana, una asociación ciudadana al margen de los partidos políticos, ha convocado una manifestación en Barcelona, el próximo domingo día ocho de octubre. Lo que defienden los convocantes es la igualdad de los españoles y que no se quiebre la Constitución aprobada en 1978, que ha demostrado sobradamente su utilidad.
La cuestión que se dirime para el futuro inmediato no es la formación de un gobierno de izquierda o derecha. Lo que está en juego es si finalmente los más poderosos, los que tienen mayor capacidad económica, logran alcanzar la meta de no compartir su posición con quienes están en peores condiciones.
La petición explícita del independentismo catalán de recibir la exorbitante cantidad de 450.000 millones de euros del estado español, en concepto de pago de una supuesta deuda, es el inicio de una negociación que culminará con la entrega de, al menos 300.000 millones a las arcas catalanas. Esa ingente cantidad de dinero se aporta desde la bolsa común. Dicho de otra manera: para Cantabria quedarán apenas unos millones de euros. Una cantidad que suprimirá cualquier posibilidad de equiparar los medios productivos de nuestra región con las que nos llevan una amplia ventaja.
La manifestación del ocho de octubre nos afecta a los españoles y de manera singular a los cántabros. La ampliación del desequilibrio existente entre unas comunidades y otras es una realidad constatable, que amenaza con no reducirse e incluso todo apunta a que los que más tienen seguirán acumulando inversiones a costa de otras regiones.
El riesgo colectivo debe ser afrontado por las personas que más directamente serán afectadas. La convocatoria de Sociedad Civil Catalana es apartidista y es un llamamiento a los españoles para mostrar el desacuerdo con medidas que avanzan en desigualdad. Algunas asociaciones de nuestra tierra, como el caso de Foramontanos Siglo XXI, ya se han adherido a la convocatoria, en un gesto a favor de restaurar una sociedad de personas libres e iguales.
La próxima legislatura es singularmente decisiva para los españoles, porque en ella las comunidades no independentistas se juegan una buena parte de su futuro. Los cántabros padecemos una carencia de inversiones que se remonta a décadas y que es posible que se prolongue otros años más. Es el momento de cambiar el rumbo y que las nuevas inversiones lleguen a quienes están infradotados.
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