Castillos en el aire

Este anuncio, realizado sin aviso previo, resulta prácticamente imposible de traducirse en algo concreto y aleja aún más la solución realista al problema de la escasez de viviendas en España, y en Cantabria de manera singular. El Gobierno, aherrojado por sus planteamientos ideológicos, parece incapaz de afrontar el problema de la carestía y escasez de viviendas con un plan serio a largo plazo, lo que obliga a un pacto con la oposición. No se debe olvidar de que cualquier nueva acción para construir nuevos pisos requiere de, al menos, tres años para ofrecer sus primeros frutos y por ello se precisa que lo que ahora se inicie no se cambie, en unos pocos años, cuando llegue un Ejecutivo de diferente color.

La propuesta de Pedro Sánchez de crear una empresa pública para construir y arrendar casas a precios moderados es un mal sueño que el propio presentador de tal idea sabe que resulta inviable. Es más, la experiencia nos dice que esa forma de abordar el problema de la vivienda ha fracasado siempre. La creación de ese nuevo organismo capaz de levantar bloques de casas choca con importantes obstáculos, algunos insalvables.

La primera barrera para que el proyecto socialista inicie su andadura es que las competencias en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas, por lo que se deberían poner en pie una empresa en cada una de las regiones y, como ya se anuncia, algunas no adoptarían tal medida.

La segunda piedra en la que tropezará el Gobierno, si finalmente activa la promesa del presidente Sánchez, es la oposición frontal de los independentistas catalanes, vascos y gallegos, que no han tardado en rechazar la iniciativa. Quienes tienen por objetivo desmembrar España no quieren ni oír hablar de cualquier proyecto que afecte a todos los españoles por igual, porque sólo viven en el líquido amniótico de la diferencia y el privilegio.

El espectáculo de un país con diecisiete empresas públicas construyendo casas con diferentes criterios únicamente puede agradar a los que desean un desmoronamiento de la nación que les permita cumplir su sueño de alcanzar la independencia.

En lugar de atender a la experiencia –un buen ejemplo es lo sucedido en Sevilla con el barrio de las tres mil viviendas construidas para facilitar el alojamiento de las familias con menos recursos– que ha demostrado la incapacidad de lo público en esta materia, se quiere repetir el error.

En España se ha dejado de edificar casas por una serie de razones que tienen solución sin necesidad de crear una empresa pública. Una causa inicial es que la hiperregulación urbanística ha reducido, de forma ineficiente, el suelo disponible para 'soluciones habitacionales'. La predeterminación de que parcelas de un pueblo son edificables, o se destinan a otros usos, ha sido la fuente caudalosa de la corrupción. Bastaba modificar la calificación de un terreno para que lo que se compró en diez pase a valer cien.

Los planes de desarrollo urbanístico en diferentes municipios de Cantabria llevan años en tramitación y por esa razón no es posible garantizar la legalidad de edificaciones en suelos pendientes de desarrollo. Una ayuda para impulsar nuevas viviendas pasa por agilizar la legalización de los planes urbanísticos o simplificar una compleja normativa que, más que garantizar cierto orden, impulsa la carestía al mermar severamente la oferta.

La idea lanzada por Pedro Sánchez en Sevilla no es más que una línea escrita en el agua: las competencias residen en las comunidades autónomas y no existe suelo edificable con seguridad jurídica. El Gobierno tiene, ahora mismo, diferentes instrumentos para ampliar la oferta y que bajen los precios. Para empezar, racionalizar y simplificar los complejos trámites burocráticos que retrasan el proceso, para que una promoción de viviendas coloque el primer pilar y la renuencia de determinados alcaldes a completar los requisitos para que se aprueben los nuevos planes generales de urbanismo. A ello se añade que los constructores se encuentran con la falta de mano de obra, con el constante incremento del precio de los materiales y, especialmente, padecen la ausencia de terrenos en los que levantar nuevas viviendas. Si a ello se le suma el rechazo a los edificios en altura, que consumen menos suelo y ahorran kilómetros de cables y tuberías, estamos ante la fórmula perfecta para que la escasez y elevado precio de las casas no encuentre solución.