Las cicatrices de ETA

Este trigésimo tercer aniversario de la explosión de la bomba etarra es buen momento para recordar algunas cuestiones que parecen desdibujarse con el paso del tiempo. Una pérdida de memoria especialmente severa para los más jóvenes. Las heridas dejan huellas y algunas cicatrices imborrables. La geografía de Cantabria mantiene muchas de ellas. Ahora, los asesinos de ETA han dejado de matar. No ponen bombas. No secuestran. No torturan. Unos pocos están en la cárcel. Otros muchos nunca fueron detenidos y juzgados y sus delitos quedarán impunes si no se activan las investigaciones sobre los muchos asesinatos que permanecen sin esclarecer.

En este momento existen más de cuarenta órdenes de detención contra etarras huidos. No se les busca. Se ha pasado página. Otros han regresado a España porque sus causas prescribieron. La transferencia de las competencias en prisiones al gobierno vasco ha permitido la excarcelación, mediante la concesión de terceros grados, de un buen número de terroristas.

La reciente presentación en el Aula de Cultura de El Diario Montañés, de la novela «Borroka», de Alfonso Javier Ussía, ha vuelto a activar el debate sobre aquellos años de plomo y sangre. La novela está construida con personajes reales, con hechos que han pasado a la historia. Sus páginas traen al presente antiguas reflexiones.

La culpa de lo ocurrido en aquellos años no es únicamente de quienes mataban y secuestraban. Una buena parte de la sociedad vasca mantuvo silencio. Una falta de reacción que se suma a la empatía con los violentos y a la cobardía. ¿Cómo fue posible que durante décadas se aherrojara a pueblos y ciudades? A esa pregunta solo cabe una respuesta: por la colaboración directa o indirecta de una buena parte de los vascos.

Tanta sangre derramada se hubiera evitado si la República francesa, tan defensora ella de los derechos humanos, no se hubiera convertido en un refugio para estos criminales. El gobierno galo así lo permitió, mirando con absoluto desprecio a los demócratas españoles. Es verdad que los gobiernos españoles, tanto los de derechas como de los de izquierdas, no fueron capaces de plantear con la debida determinación esa anomalía. Al Ejecutivo francés se le debió plantear el estatus de ETA en su país como elemento prioritario para cualquier negociación.

El papel de los partidos independentistas españoles fue otro de los elementos que permitió la actividad de ETA. No hubo suficiente mayoría para equiparar, o al menos equilibrar, el código penal a la gravedad de los delitos. Ahora se aplica la prisión permanente revisable a determinados crímenes. En aquellos años fue imposible reformar la legislación para que sujetos que cargaban a cuestas con varios asesinatos en su carrera delictiva fueran condenados a esa forma elusiva de cadena perpetua.

Entre quienes sustentaron el terrorismo debemos inscribir a una parte del clero vasco, que por acción y por omisión sostuvo la actividad terrorista. La corriente imperante de nombrar obispos originarios de determinadas regiones no fue acertada. En Cantabria hemos recibido con normalidad el hecho de que solamente una minoría de prelados fueran oriundos de nuestra tierra.

De la historia es necesario extraer lecciones para no repetir errores en el futuro. Ahora mismo están pendientes órdenes de detención de terroristas con historiales sangrientos y sería injusto no hacer lo posible por detenerlos y juzgarlos. Tampoco otorgar favores a los ya condenados y que cumplen su pena. A la aplicación de una legislación compasiva no se debe añadir la aplicación de la libertad condicional a quienes no colaboran en esclarecer las decenas de crímenes que siguen impunes.

No se trata de aplicar la venganza, sino de cumplir con unas leyes ya de por sí livianas. Las cicatrices de ETA en Cantabria y en el resto de España, están ahí. Los asesinados no resucitarán mientras los dos autores del atentado de La Albericia llevan años en libertad.