La deuda pública no se esfuma

Desde el Gobierno se ha anunciado una medida a todas luces insostenible. La propuesta se basa en condonar una parte de la deuda que las comunidades autónomas han contraído con la hacienda española. El dinero prestado no se evapora, simplemente pasa de manos del Gobierno regional al nacional. Eso significa que el dinero pendiente de devolución deberá ser pagado por todos los españoles. La idea cándida según la cual se evapora la deuda, como por arte de magia, es un gran bulo y de ahí que el artificio que plantea el Gobierno resulte falso.

Si se llegara a una medida como esa, se producirá una injusticia y un atentado contra la lógica. Los españoles que viven en determinadas partes de España se verían premiados por el excesivo gasto de sus gobernantes y los que tuvieron dirigentes sensatos pagarían la fiesta de los manirrotos. Un despropósito inasumible y un ejemplo que puede conducir a que, en el futuro inmediato, se regrese a la senda del gasto sin control e inversiones superfluas. Cuando se sabe que los errores no tendrán consecuencias, se abre un futuro impredecible, un mañana en el que frente a la racionalidad se imponga el disparate.

La propuesta de perdonar un porcentaje de los créditos pendientes de amortización supone una injusticia evidente. En una democracia se debe insistir en que la libertad –en este caso de gastar mucho más de lo que se tiene– debe estar equilibrada con la responsabilidad de asumir las consecuencias. En este caso asumir que los derroches no conduzcan a etapas de recortes y austeridad. Los gobernantes que se han endeudado en exceso deben afrontar el presente y explicar a sus ciudadanos que ahora toca afrontar los créditos.

Para Cantabria esa medida resultaría gravemente negativa. Nuestra comunidad ha estado en la media nacional del endeudamiento. No se han cometido graves errores en esa materia y por lo tanto la quita de las cantidades adeudadas estará por debajo de otras regiones en las que ha predominado el gasto, simplemente por un afán de alimentar una serie de asociaciones, grupos y organismos que tienen el único objetivo de ahondar en las diferencias que conduzcan a la separación del conjunto de España. Dicho de otra manera: los cántabros pagaremos, a través de la deuda nacional, los excesos de algunos gobernantes en otras autonomías.

A esa asimetría, inasumible a todas luces, es preciso sacar a la luz un asunto que parece olvidado: la deuda histórica. Con ese término se engloba el déficit de inversiones estatales en determinadas regiones. Cantabria no tiene ni un solo metro de tren de alta velocidad, cuando la mayor parte del territorio ya disfruta plenamente de ese servicio. El puerto de Santander no ha recibido ni la décima parte de las inversiones realizadas en Gijón y Bilbao. En las comunicaciones por carretera, la región carece aún de una autovía directa que conecte con Burgos y Madrid. Se niega a Santander el agua del pantano del Ebro, que en un elevado porcentaje procede de la lluvia caída en nuestra geografía. La red de ferrocarril de cercanías apenas ha sido mantenida o modernizada, mientras se han invertido millones en la red de 'Rodalies' catalanas –hasta en el nombre debe brillar el privilegio– o en el metro de Vizcaya.

En la negociación del reparto de los fondos estatales a las comunidades autónomas la historia de las inversiones debe ser un asunto esencial, que repare la injusticia de que Andalucía cuente con AVE desde el año 1992, mientras Cantabria padece una vía tercermundista.

Admitir una política según la cual los errores no tengan consecuencias, sería un precedente nefasto. Una señal que conduce a los gobiernos a una carrera de gasto sin tasa con el horizonte de que cuando llegue la normalización se haga tabla rasa y los que menos han recibido afronten el pago del derroche del resto.

Los cántabros tenemos derecho a pedir que se asuman responsabilidades y que la igualdad pase de un bello eslogan a un hecho. La condonación de una parte de la deuda es un engaño –el dinero adeudado no se volatiliza– que supondría un agravio más para los cántabros. Cada comunidad tomó decisiones con libertad y la contrapartida debe ser la asunción de las consecuencias de la política del crédito infinito.