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Del análisis de los datos se extraen conclusiones que permiten conocer la eficiencia de las decisiones que adoptamos. Los datos, bien comprobados, no son bulos ... ni noticias falsas. No. Las cifras reflejan con frialdad el resultado, bueno o malo, de las decisiones que tomamos. Para cualquier persona con sentido común y, especialmente para los científicos, son los números los que permiten saber hasta qué punto se acierta o se yerra con los protocolos que se implementan. La semana que hoy termina nos ha permitido conocer la evolución, con estadística oficial y bien testada, de la delincuencia en Cantabria, referida a la primera mitad de este año 2024. El resultado es altamente preocupante.
El número de violaciones registradas en la región se eleva a un total de 25. Diez de ellas en Santander, otras cuatro en Torrelavega y 11 más en el resto de la comunidad. Si se comparan con las del año anterior, el aumento es de casi un 67%. Además de estos delitos de índole sexual, se triplicó el número de homicidios dolosos y asesinatos consumados, que pasó de ninguno a tres para crecer un 300%.
El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior no deja bien parada a Cantabria. Además de la evolución claramente negativa de la delincuencia respecto a los delitos más graves, resulta que la región también es la cuarta comunidad autónoma española donde más ha crecido la criminalidad convencional, los hurtos, agresiones, etc., con un 5,1% de incremento.
Estos datos no parecen despertar especial alarma ni entre los gobernantes ni tampoco entre los cántabros. Los números son fríos y siempre presentan una realidad estadística que parece lejana. Si los gobernantes y legisladores no extraen lecciones de lo ocurrido y si no estudian medidas para atajar la evolución al alza de la delincuencia, el deterioro de la seguridad será un hecho que luego costará erradicar.
Cantabria es una autonomía en la que la seguridad ha sido siempre una de las virtudes que hacen atractiva la vida. Cuando vienen extranjeros a estudiar o a trabajar hay plena coincidencia en que lo que más valoran es precisamente la seguridad que existe, que permite vivir en libertad. Sin temor ni restricciones. Hoy en día sigue siendo un territorio seguro, pero si no se presta atención a la evolución de la delincuencia es muy probable que se pierda esa alta cota de seguridad.
Los datos de agresiones sexuales son preocupantes: una violación por semana. Si usted sigue la actualidad, es muy probable que no tenga esa sensación, más bien la contraria. La política de comunicación del Gobierno de España es no ofrecer información sobre esos delitos para no producir alarma social... o más bien para no tener que enfrentarse a una realidad incómoda.
Y la pregunta, ante este incremento de los delitos es obvia. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Cuál es la causa de que se multipliquen los casos de robos, crímenes, agresiones sexuales y demás acciones ilegales?
Esta pregunta deberían responderla, con sinceridad, quienes han escrito las leyes y los que han tenido la responsabilidad de aplicarlas. La tesis dominante, tanto con los gobiernos de izquierda como con los de derecha, ha sido clara: la causa es la falta de educación y, lógicamente, la solución reside en formar de otra manera a las jóvenes generaciones. También se ha manejado, con soltura, la idea de que los delincuentes no son realmente los responsables, sino que la raíz reside en una sociedad injusta que no les permite un adecuado progreso.
La grieta que presenta esa teoría es que la democracia en España existe desde hace más de cuarenta años. Si vemos la edad de quienes violan, agreden o matan, está por debajo de la cuarentena o muy próxima a ella. Son personas que se han formado en centros en los que se aplica un programa que defiende la igualdad entre mujeres y hombres, que propugna la no violencia y que trata de imponer el diálogo como herramienta para solventar los conflictos.
Los datos oficiales del Ministerio del Interior señalan que esta forma de actuar para garantizar la seguridad, especialmente de las mujeres, no ha dado resultado. Ante esa realidad inapelable se impone un cambio. Una revisión de las medidas que se muestran inútiles para cambiarlas por otras que, al menos, ofrezcan la posibilidad de mejorar la situación. Seguir haciendo lo mismo cuando se prueba que la ineficacia persiste, no es lógico ni coherente.
Quizás un cambio en el Código Penal, aplicar sanciones reales contra la pequeña delincuencia multirreincidente, agravar las penas por delitos tan graves como la violación, el homicidio, etc., arrojen mejores datos. Las políticas buenistas han fracasado y ante esa evidencia es absurdo mantener en vigor lo que no sirve para incrementar los niveles de seguridad de los españoles.
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Ana del Castillo
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