El Gobierno, sin control

Una evidencia incontestable es la falta de mecanismos de control en el Gobierno de Cantabria, de medidas que eviten, o al menos dificulten, las prácticas ilegales de los responsables de la gestión gubernamental. La carencia de sistemas que permitan controlar y vigilar la acción del ejecutivo es uno de los elementos que explican lo sucedido.

La autocita no es conveniente en el desempeño periodístico, pero siempre hay excepciones que lo justifican. El día quince de enero de este año escribí en estas páginas: «El 27 de diciembre del año pasado, hace veinte días, El Diario Montañés informaba en portada: «El Gobierno regional renuncia al órgano que prometió para fiscalizar empresas públicas». Esa noticia, de un gran calado, apenas ni ha tenido repercusión. Los dos partidos que forman el gobierno autonómico acordaron dejar sin efecto una decisión previamente adoptada, por unanimidad, para dotar a la comunidad autónoma de una mesa de control en la que participaran no solamente los políticos, sino sindicatos, patronal, expertos, representantes de la sociedad civil…

Ese acuerdo apenas ha tenido seguimiento y su difusión ha sido escasa. Tampoco ahora, con el descubrimiento de una trama corrupta, y bastante primitiva, quienes representan a los cántabros han hecho manifestación alguna para recuperar ese sistema de control.

A los gobernantes les gusta abolir mecanismos de vigilancia sobre sus actuaciones y, como contrapartida, incrementan, hasta la exasperación, los controles sobre el dinero destinado a subvencionar proyectos desarrollados por empresarios, asociaciones, etcétera.

De lo que ha ocurrido en la Consejería es necesario aprender. La primera conclusión es la urgencia por mejorar el control de lo que se realiza en cada departamento y llevarlo a cabo sin agobiar con una burocracia asfixiante.

La vigilancia debe extenderse, no solamente a la detección de delitos o prácticas heterodoxas, sino que se debería ejercer sobre aquellos aspectos que sugieran la existencia de prácticas irregulares. Al indagar sobre lo sucedido en el Gobierno se evidencia que bastaba con tomar café en determinados establecimientos y escuchar las conversaciones para tener indicios de que el departamento comandado por el funcionario encausado estaba en la zona oscura.

El control sobre la buena marcha de una consejería corresponde a quien la encabeza, un cargo de libre designación que no solo debe responder ante la ley, sino también asumir su responsabilidad. Hay ejemplos en la historia reciente de altos cargos que han dimitido por errores que no cometieron directamente, pero asumieron que, como políticos, debían responsabilizarse del departamento del que estaban al frente.

En el caso de lo sucedido en Cantabria ha faltado claridad y coherencia. ¿Cómo es posible entender que se empuje a la dimisión a un consejero y pocos días más tarde se le rinda un homenaje multitudinario? ¿De qué manera se deben interpretar las palabras del presidente de Cantabria afirmando que si gobierna tras el 28 de mayo volverá a contar con el dimitido? Estas preguntas cuestionan la firmeza del PRC ante un caso de corrupción, de momento presunta. Tal parece que la dimisión/cese del consejero se ha tomado simplemente como medida cosmética, de cara a la opinión pública. Sin convicción alguna.

Del caso de la Consejería de Obras Públicas restan aun aspectos por conocer. Una medida profiláctica, que no se ha adoptado, es la de realizar una auditoria integral de la Consejería para tener la certeza de que únicamente un departamento estaba corrupto.

La instrucción judicial revela un dato preocupante: las irregularidades e incluso posibles delitos se han sucedido durante muchos años, hasta el punto de que buena parte de ellos han prescrito. Nadie se enteró de nada, aunque en las barras de los cafés se hablaba del asunto con naturalidad. Si faltaba algo, los investigadores destapan que las comisiones y favores vienen de lejos en el tiempo y afectan a más empresas a muchas sociedades, lo que deja sin efecto la atenuante de «un caso aislado».

El fraude destapado en Obras Públicas debe esclarecerse hasta el fondo.