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Los posicionamientos mayoritarios sobre asuntos concretos no siempre coinciden con el criterio de los votantes que permitieron formar los gobiernos de un país, en sus diferentes niveles. Es casi imposible que quienes han sido elegidos para pilotar las distintas facetas del gobierno mantengan una conexión ... directa con sus electores. En algunos casos se producen divergencias notables. Cuando sucede un acontecimiento en el que se muestra la opinión directa del pueblo, sin filtros, se perciben diferencias importantes entre el pensamiento de los políticos y el de las personas que les eligieron.
Un ejemplo lo hemos visto, hace escasos días, en el Festival de Eurovisión. Mientras los miembros del jurado no tuvieron en cuenta la canción presentada por Israel, los votantes le otorgaron la máxima puntuación. Del cero al infinito. Lo sucedido el sábado 11 de mayo no es una novedad. Por esa razón los gobernantes dan la espalda a cualquier referéndum o consulta de carácter popular. En la transición se usó la canción del grupo «Vino tinto» 'Habla, pueblo, habla'. Toda una declaración de intenciones. La UCD adquirió los derechos de la canción para alentar el voto en el referéndum de 1978. Y fue un éxito.
En el presente, en cambio, la consigna más bien se asemeja a lo contrario: Vota, pueblo, vota y mantente en silencio hasta los próximos comicios. Los ejemplos de discrepancias entre las posiciones de quienes tienen poder para escribir en el BOE o aprobar leyes en el parlamento y la opinión mayoritaria de los españoles, abundan.
Se disiente de lo que se considera una legislación en la que la gravedad del delito no tiene la penalización equivalente. La sentencia contra las dos personas condenadas por el atropello mortal de un joven en el paseo de Castelar, en Santander, ha recibido el rechazo de los amigos del fallecido, con frases como «Les ha salido barato matar a Bret» y se percibe un rechazo a la figura del jurado popular. En la misma línea, una corriente nutrida de españoles cuestiona la norma que obliga a una persona que es atacada por quien entra en su casa sin permiso, y con la clara intención de robar o agredir, de defenderse con lo que tenga a mano. Se pide al atacado que responda de manera «proporcional» y se han producido condenas severas para quienes han herido o matado a los asaltantes.
Si se celebrara una consulta sobre el problema de la ocupación de viviendas, el resultado resultaría demoledor contra la actual legislación, que no considera delito la invasión de una propiedad y que, además, carece de mecanismos para desalojar a los 'okupas' inmediatamente. La prueba la hemos tenido en Cantabria con varios colectivos vecinales que se han manifestado contra grupos de 'okupas' que no solamente invaden y deterioran propiedades, sino que generan acoso y violencia contra los vecinos.
La polémica sobre la construcción de una escollera en la playa de La Magdalena de Santander presentó, inicialmente, una oposición de los santanderinos contra esa obra. Grupos conservadores organizaron concentraciones y publicaron manifiestos en los medios de comunicación. La mayor parte de los cántabros se mantuvo en silencio y la imagen proyectada era que existía un potente movimiento en contra de la obra. Bastó que El Diario Montañés diera voz al pueblo para que la inmensa mayoría de los votantes en la encuesta se mostrara a favor de la obra y de la conservación de la playa. Por cierto, pasan los años y ni se retira el espigón ni se termina el proyecto del IH de la Universidad de Cantabria.
Si se diera voz a los españoles, sin intermediarios, podríamos observar el verdadero panorama del pensamiento del pueblo. Aflorarían posiciones discrepantes de situaciones que se consideran apoyadas por la gran mayoría de la población. El problema es que un país regido por constantes llamadas a las urnas, en votaciones directas, puede derivar en un populismo pernicioso. Un riesgo a tener en cuenta.
En el medio está la virtud. No se trata de llevar a consulta popular la enorme cantidad de propuestas que se plantean casi a diario como tampoco huir permanentemente de preguntar sobre si los habitantes de una ciudad quieren, o no, carriles para autobuses y ciclistas o, en cuestiones de mayor calado, si consideran las penas por determinados delitos en equilibrio con el daño causado.
No será contraproducente escuchar más, de forma permanente, a las personas. Por el contrario, los gobernantes acertarán si toman buena nota del criterio popular y se alejan de planteamientos apriorísticos, en muchos casos basados en prejuicios ideológicos. No se debe perder lo esencial: la democracia es el gobierno del pueblo.
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