Secciones
Servicios
Destacamos
Un Estado democrático y derecho, con una economía desarrollada y una renta per cápita entre las más altas del mundo, tiene la obligación de atender ... las necesidades mínimas de la parte de la población menos favorecida. Ese mínimo nivel de atención debe ser más elevado en aquellos países con gobiernos que se presentan como progresistas. La bandera de 'no dejar a nadie atrás' es algo más que un eslogan: es una premisa en la que se asienta una forma de entender la sociedad proporcionando a quienes lo necesitan el mínimo vital, además de opciones reales para formarse y poder superar su situación en el futuro.
En la actualidad, se desarrolla un proceso inverso, una política en la que el Estado abandona sus obligaciones y las hace recaer sobre algunas personas o empresas. Se trata realmente de una incautación de una parte de sus bienes. Conviene recordar que incautar no es sinónimo de expropiar. En este último caso el Estado se apropia de unos bienes por la fuerza de la ley y compensa, a quien ha perdido su propiedad, con dinero o con otros bienes. La incautación es mucho más grave y dolosa. Según la RAE incautar es «apoderarse arbitrariamente de algo», sin compensación alguna.
Los casos de este tipo de expolio crecen en España, en silencio. Por un decreto el gobierno decide que si una pareja con uno o más niños deja de pagar el alquiler no se les puede echar de la vivienda por ser una familia vulnerable. Sería inhumano y profundamente injusto, que una familia carente de medios económicos se viera en la calle con unos niños menores de edad. Ese caso debe ser resuelto y para eso el Estado debe arbitrar los medios precisos. Lo que no tiene sentido es que el Estado abdique de su responsabilidad para hacerla recaer sobre un particular. Lo lógico es que, con el dinero de los impuestos, se abone la renta hasta que se encuentre un alojamiento para esa familia.
El Estado no quiere asumir su obligación de dar protección a quien lo necesita y lo que hace es obligar a unos pocos españoles a correr con un gasto que debería ser prioritario en las cuentas públicas. Es más, en el caso de la vivienda hay un claro consenso sobre lo elevado de los precios de los alquileres y las dificultades para adquirir un piso. El Estado tiene la obligación de atender esta cuestión y además no parece difícil la solución. Si partimos del hecho de que el precio, tanto de las casas como de los alquileres, es más elevado de lo normal, bastará con que el Estado construya viviendas públicas, que serán más baratas, al eliminar la especulación, y venderlas o alquilarlas a precios razonables. Como aún así se ganará dinero, especialmente con los alquileres, ese beneficio se podrá reinvertir en nuevas promociones. Lo que es injusto es cargar la solución de un problema del Estado a unos particulares. La ayuda a quienes tienen menos recursos es, obviamente, una de las razones de la propia existencia del Estado. En España vemos cómo históricamente esa labor ha sido obviada y se ha dejado la ayuda en manos de organizaciones religiosas o laicas, de voluntarios, que no se sostienen con el dinero de los contribuyentes. Se nutren de aportaciones caritativas y voluntarias. Basta un repaso al presente para comprobar que en Santander se atiende, a través de instituciones privadas como la Cocina Económica, Cáritas, etc. a las personas que necesitan comer a diario, o que viviendo en sus casas no tienen ingresos suficientes para adquirir los alimentos diarios y atender las facturas de la energía eléctrica o el gas.
Esta cobertura social mínima recae de manera inadecuada en quienes ya han pagado sus impuestos, con los que se sostienen los servicios públicos. En ocasiones se producen episodios dignos de mejor causa. Cuando la mano del Estado no llega para adquirir costosos equipos médicos y aparece un donante privado, quién tras abonar un elevado porcentaje de sus ingresos a través de diferentes impuestos, realiza un donativo millonario, es frecuente que se levanten voces condenando esa acción.
El Estado hace dejación de una parte de sus compromisos y confía en la solidaridad ciudadana. Lo estamos viendo con claridad en las ayudas a los miles de afectados por las inundaciones de Valencia. Toda España se ha volcado en enviar ayuda, desde maquinaria, voluntarios, alimentos y dinero, pese a que un país con el nivel de renta como el de España, debería tener capacidad para atender esas necesidades sin cicatería.
Es necesario que los gobernantes piensen en la forma de invertir mejor y con más tino el dinero público, en lugar de pensar que la solución es incrementar el gasto. Hacer más, con menos debería ser la consigna de un Estado eficiente y solidario.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Noticias seleccionadas
Ana del Castillo
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.