Lucha contra el narcotráfico

Estas dos líneas de trabajo contra el mundo del narcotráfico son evidentes, pero no nos deben ocultar otras que se pueden implementar de inmediato para que los efectos se perciban sin esperar los resultados de acciones esenciales, pero que necesitan plazos largos para ofrecer resultados.

Un asunto clave es la falta de medios materiales para combatir a los delincuentes. Es algo tan claro que no precisa de mayor explicación. Pero se olvida que el Estado y, en consecuencia las Fuerzas de Seguridad, detenta la exclusividad en el uso de la fuerza para mantener el orden. Los guardias civiles van armados y no como adorno, sino como un elemento para imponer, cuando sea preciso, el cumplimiento de la ley.

Causa estupor ver, tantas veces en los informativos de TV, las imágenes de un helicóptero de vigilancia aduanera perseguir a una narcolancha que no se detiene cuando se le da la orden de hacerlo y que sigue su ruta con absoluta impunidad. Es frustrante ver como los defensores de la ley arriesgan sus vidas, y en ocasiones, como se ha visto, la pierden, en una lucha inútil.

¿Por qué no se autoriza a los agentes de la ley a utilizar sus armas? Si unos delincuentes no obedecen la orden y escapan en una lancha, lo coherente es que se dispare contra la parte neumática de la embarcación para que quede inmovilizada y posteriormente se detenga a los delincuentes. Naturalmente que existe un riesgo de que los disparos realizados desde una embarcación o un helicóptero en movimiento contra una lancha que navega a toda velocidad conlleva el riesgo de que el disparo alcance a alguno de los delincuentes.

Si la respuesta a esa pregunta es que no se debe asumir ese riesgo, sobran las armas y sobre todo deben suprimirse las persecuciones, que solamente sirven para befa de los delincuentes contra los agentes de la autoridad.

Otra cuestión importante es la aplicación de la ley. Hasta ahora no se ha escuchado a ningún jurista, ni responsable del gobierno o de la oposición confirmar si –en el caso de que tras un juicio justo se condena a los autores del crimen de los dos guardias civiles de Barbate– se les aplicará una sentencia de prisión permanente revisable o si se continua con las medidas de apaciguamiento de la opinión pública, con la noticia de la imposición de una pena de más de cien años que, en la práctica, queda reducida a treinta o menos por buena conducta.

Si de verdad se desea terminar con el narcotráfico, una de dos: O se legaliza la droga, de la misma forma que sucede con el alcohol o el tabaco o se dota a las Fuerzas de Seguridad del Estado de los instrumentos materiales adecuados y de una legislación que les permita utilizarlos. Lo que resulta frustrante es la situación actual en la que se ha desmantelado el operativo especial contra el tráfico de drogas, los narcos ostentan su riqueza de manera impune, los guardias civiles carecen de material adecuado y se deja sin castigo al pequeño delincuente, que termina siendo una pieza esencial en el entramado del tráfico.

Combatir el narcotráfico requiere de una acción global que reforme la legislación, dote de manera adecuada a los cuerpos de seguridad, agilice la justicia, permita a la guardia civil utilizar las armas, el cierre los centros de blanqueo de capitales, la persecución de la delincuencia menor y, por supuesto, crear un entorno social y laboral que permita que los jóvenes tengan oportunidades para un proyecto vital, al margen del mundo de la droga. Y, como elemento esencial, la puesta en valor de los profesionales que cada día trabajan, con mucho riesgo, para que se cumpla la ley.