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Durante los últimos lustros el paisaje económico y social de Cantabria ha mutado de manera radical y evidente. La caída del peso de la industria en el PIB regional se ha visto compensada por el auge del sector turístico. La ganadería, especialmente la de vacas ... productoras de leche, ha visto reducida sustancialmente el número de trabajadores. Esa tendencia se consolida y nuestra comunidad parece abocada a ser zona de expansión y ocio de nuestros vecinos vascos y castellanos, con un importante peso de madrileños. El giro del eje económico no es alentador, porque el turismo no produce empleos de alta remuneración, ni genera un sustrato de empresas ligadas a la innovación y la tecnología. Pero, en el presente, es una fuente principal de ingresos y empleo.
El crecimiento de la afluencia de visitantes de otras comunidades y de otros países ha producido la lógica presión sobre el sector inmobiliario, el medio ambiente, la conservación del paisaje y otros aspectos de la vida tradicional. El debate acerca de las ventajas e inconvenientes del turismo no es nuevo. Por ello, cuando aparecen proyectos que tienen claros antecedentes no es ocioso recurrir a la historia reciente para analizar los problemas, con el empirismo como herramienta.
La subasta de unos terrenos, de propiedad privada, en la zona costera de Loredo/Langre ha suscitado una controversia que no resulta, en absoluto, novedosa. En su día, se aprobó un plan para esa extensa concentración de fincas, que se ha diseñado para evitar la masificación y que obliga a destinar una buena parte del suelo a un campo de golf. Los terrenos, tras una larga peripecia, salieron a subasta judicial y se han adjudicado por unos cuatro millones de euros. A esa subasta ha podido acudir cualquier persona o colectivo dispuesto a invertir en esas decenas de hectáreas situadas en una zona costera, de especial belleza. Ninguna institución pública se interesó en adquirir las fincas para destinarlas a 'prao' y evitar el uso urbanístico. Tampoco hubo una colecta entre los grupos conservadores para comprar los terrenos y dejarlos vírgenes. Con estos antecedentes resulta poco creíble hablar de especulación. La normativa urbanística del municipio de Ribamontán al Mar determina el volumen a construir y siempre con el criterio de evitar edificios en altura, apostando por viviendas de dos o tres plantas que ocupan una buena parte del terreno. Un criterio que, si se aplica con rigor, evitará colmataciones como las que se han producido en otras localidades costeras de Cantabria.
Las concentraciones y manifestaciones contra este proyecto pueden lograr la eliminación de este plan, aprobado por el ayuntamiento y dejar en el aire el futuro de esos terrenos. En Cantabria existen algunos ejemplos de lo que puede suceder en ese supuesto. En la segunda mitad de la década de los años setenta, tras la muerte de Franco, un grupo inversor puso en marcha un plan de urbanización de una zona de Castro Urdiales, en previsión de la demanda de viviendas de primera o segunda residencia de muchos habitantes del gran Bilbao. El proyecto, bautizado como Castro Novo, fue realizado por un arquitecto de gran prestigio Ricardo Bofil, que además era un icono del urbanismo responsable y sostenible.
Muy pronto surgió un grupo de castreños que se opuso a lo que se consideró una invasión de vascos que modificaría radicalmente la propia alma de la localidad. La bandera contra Castro Novo fue capitalizada por grupos de extrema izquierda y asociaciones próximas al conglomerado de partidos independentistas vascos. Hubo manifestaciones, movilizaciones ciudadanas, presiones sobre los responsables municipales… y finalmente un referéndum entre los vecinos, que ganó la opción que proponía anular el proyecto de Castro Novo. La consulta popular supuso el punto final al desarrollo ordenado del municipio. En los terrenos destinados a aquella urbanización ahora existe una concentración urbana de mayor tamaño que Castro Novo y sin la limitación de alturas, terrenos para espacios públicos, etc. que contemplaba el plan inicial de Castro Novo. El desarrollo en Castro Urdiales no solamente ha sido descontrolado y urbanísticamente discutible, sino que dio paso a la corrupción, hasta el punto de llevar a la cárcel a un alcalde y a otro al banquillo de los acusados. En Noja se ha visto lo que sucede cuando no existe un plan coherente de desarrollo y se deja el futuro a la voluntad de los diferentes equipos municipales. De lo acaecido en el pasado deberíamos extraer lecciones para el presente. Los terrenos particulares de la zona de Loredo/Langre terminarán, más pronto o más tarde, siendo urbanizados. Se puede ordenar ese desarrollo, con un proyecto integral, o repetir lo sucedido en Castro Urdiales, Noja y otras localidades costeras. Negar la realidad no es una buena forma de afrontar los retos del futuro.
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