Se necesitan más chivatos

De manera reiterada se descubren casos de hechos vergonzantes. En Cantabria, hemos asistido a la operación de la Guardia Civil contra un entramado de funcionarios y empresas que manejaban la adjudicación de obras en carreteras. Más tarde, se abrió otra investigación que puso de manifiesto que una rama del denominado 'Caso obras públicas' se extendía a la empresa pública Gesvican.

En ambos casos un denominador común: La fuente que alertó sobre los enjuagues existentes en el interior de la Administración, fue el 'chivatazo' de una persona. Un delator puso en marcha los mecanismos de inspección, que desembocaron en el encuentro de irregularidades que, presuntamente, estafaron muchos miles de euros a la administración…, es decir, a cada uno de quienes pagan impuestos, que somos todos.

Ante la noticia, es lógico que, en un primer momento, se piense en la idoneidad de esas denuncias que permiten erradicar focos de corrupción. Pero también, una mirada a la historia reciente de los diferentes delitos de corrupción cometidos en el país, indican que en la mayor parte de los casos ha sido un delator quien puso en marcha la investigación. La pregunta es obvia: ¿Funcionan los controles internos de la administración? ¿Tienen sentido los numerosos requisitos que abruman a quienes precisan de algún trámite con las diferentes administraciones? ¿Es eficiente el control interno de los diferentes entes públicos?

Si repasamos, aunque sea a vuelapluma, los casos más llamativos de corrupción, en muchos de ellos aparece la figura del chivato. Podemos remontarnos al primer gran escándalo que afectó a los socialistas con la trama catalana de Filesa, Time Sport y otras sociedades pantalla, desveladas por un contable al que no se le atendió de manera adecuada, o el caso del responsable de las finanzas del PP, Luis Bárcenas, acorralado por diferentes filtraciones.

En ocasiones, no pocas, el delator no acude directamente a la policía o a la guardia civil, como en el caso del escándalo de las obras públicas de Cantabria. Busca un periodista valiente y le entrega documentación comprometedora. El profesional de la comunicación comprueba los datos, avanza todo lo posible en las ramificaciones del entramado y, finalmente, publica una noticia que abre un proceso policial o penal.

No nos engañemos. Los periodistas en pocas ocasiones somos capaces de investigar desde cero y llegar a lanzar luz sobre prácticas corruptas. En muchas ocasiones, la mayoría, el informador actúa tras tener en su mano una pista, una documentación que le permite llegar hasta el fondo de un procedimiento ilegal. En la memoria sigue grabado el descubrimiento del GAL, tras una información recibida por un periodista.

Ante este estado de cosas lo que se pone en cuestión es la eficacia de los controles internos. Debería realizarse una inspección a fondo los inspectores (¿Quién vigila al vigilante?) encargados de velar por el correcto funcionamiento de la maquinaria administrativa. Sorprende que los diferentes filtros de concursos de adjudicación, mesas de contratación, etc. no detecten irregularidades que más tarde se evidencian, tras una filtración periodística o una comunicación a las fuerzas del orden.

Cabe preguntarse si en las diferentes administraciones será necesario colocar un letrero como se hacía, en otros tiempos, cuando no existía Internet, que dijera: «Se necesitan chivatos. Buenas condiciones salariales».

El ejemplo del año pasado, cuando se descubrió la corrupción en el servicio de carreteras, nos lleva a otra dimensión ¿Cuántos casos de mala praxis en la administración ocurren, sin que ningún agraviado o ciudadano concienciado levante la voz para señalar a quienes se aprovechan del dinero público? Esperar a que el chivatazo depure el envilecimiento de la administración, no parece el mejor sistema.

Tampoco es viable contratar espías que vigilen a los responsables del manejo del dinero público o incentivar económicamente a quienes faciliten datos para terminar con los focos fraudulentos.

Lo que sí es posible es reforzar la inspección interna y endurecer las penas para quienes traten de lucrase con el dinero aportado por todos los cántabros a través de sus impuestos. La opción de ofrecer recompensas a los cazadores de corruptos, como en el antiguo Oeste norteamericano, parece descartada.