Los nuevos reinos de taifas

Un ejemplo lo tenemos en las confederaciones hidrológicas. Una pieza del complejo sistema de regulación y gobierno de los ríos, que es parte de un complejo sistema de controles para armonizar el desarrollo con la conservación de bienes esenciales: en este caso el agua. Cuando la confederación se erige en un poder omnímodo pierde su propia esencia, se desvía de su origen regulador y armonioso y genera un organismo alejado, cuando no opuesto, a la doctrina esencial y global que se persigue.

Un ejemplo de la perversión de las metas de un organismo lo tenemos en Cantabria.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha impuesto una fuerte multa y ordena la demolición de un azud en el río Saja ubicado en el conjunto de la torre y palacio de los Bustamante, en Quijas. A pesar de las razones esgrimidas por el propietario, la defensa del ayuntamiento y el apoyo del gobierno regional, la CHC mantiene la multa de medio millón de euros y la orden de derribo del azud que conlleva la eliminación de los canales que llevan agua al viejo molino y al generador de electricidad, que funciona cuando el caudal del Saja es suficiente.

Por una vez, no estamos ante un pelito de banderías y colores políticos, sino de una defensa multipartidista de un conjunto histórico artístico excepcional.

El primer político que ha salido en defensa del mantenimiento del azud y de la pequeña central hidroeléctrica ha sido el alcalde del municipio, el regionalista Pablo Diestro. Como buen conocedor de su municipio valora la excelente conservación del patrimonio que hace Ramón Bustamante y su familia. Al mismo tiempo, entiende que la decisión de la Confederación es perjudicial para el municipio y para Cantabria.

El Gobierno de Cantabria (PP) se ha expresado con claridad a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. El Palacio y torre de Bustamante es Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento y, en consecuencia, por Ley, debe de tener declarado un entorno de protección. La Dirección General de Cultura y Patrimonio, a través de sus servicios técnicos, ha propuesto un entorno de protección que resguarda el conjunto de edificios, instalaciones, praderías y bosques, con todos los valores históricos y patrimoniales que estos representan para Cantabria.

Por su parte, Vox también ha alzado la voz para solicitar que se anule la sanción y se detengan los derribos previstos. Finalmente, el PSOE no ha mostrado apoyo a las medidas que el CHC pretende adoptar, lo que puede interpretarse como no asunción de las medidas propuestas.

Esta casi unanimidad de las fuerzas representadas en el parlamento regional, parece un argumento más que suficiente para que se imponga la razón y el sentido común, frente al radicalismo de una sanción impuesta por un incumplimiento, que en caso de ser cierto, no tiene equilibrio con la pena dictada.

La CHC afirma que durante unos pocos días se activó el generador cuando el caudal del río Saja no era suficiente y, por tanto, se cometió una infracción. Los expertos que controlan ese generador sostienen que no es así. Que existe una discrepancia y que en todo momento se cumplió la normativa. Ahora, se ha judicializado el asunto y la decisión final sobre el posible derribo del azud y resto de infraestructuras queda en manos de la justicia. La respuesta no será inmediata, sino que, por el contrario, tardará en conocerse.

La pregunta es sencilla. ¿No es posible que un órgano del Estado como es la CHC llegue a un acuerdo sobre el castigo por una sanción, discutible, en lugar de amenazar con destruir un patrimonio histórico como es el conjunto de edificios de la Torre de los Bustamante? La Torre de los Bustamante, en Reocín, tiene ochocientos años de historia y se ha mantenido siempre en manos de la misma familia, la cual ha invertido mucho dinero y un enorme esfuerzo personal por conservar el conjunto en perfecto estado de conservación.

La instalación de un generador como alternativa a los antiguos molinos se encuadra dentro del programa de descarbonización en la producción eléctrica. Y todo ello sin necesidad de inversiones públicas, con la financiación y el esfuerzo de unos particulares. El ejemplo de la CHC no es coherente con las políticas del gobierno, ni de la UE.

Para redondear la situación, el Gobierno de Cantabria ya ha solicitado la competencia sobre los ríos que discurren únicamente por el territorio regional, de suerte que el control de las aguas exclusivas de Cantabria, dependan del ejecutivo autonómico.