La okupación y la leyenda

Sobre la okupación se produce una controversia absolutamente falsa, una leyenda que se extiende para eludir el fondo del problema y evitar atajar los casos de la invasión de una casa, permitiendo que la intrusión en un piso quede impune y dilatando la expulsión durante meses, e incluso años, con grave perjuicio para el dueño.

Dos relatos se contraponen: De un lado quienes denuncian que la entrada en una vivienda y su uso ilegal no solo no conlleve ninguna pena sino que para desalojar a los okupas se requiera de un complejo trámite judicial y se tarde meses, e incluso años, en lograr que los okupas abandonen el inmueble. Lo que pide este grupo de españoles es que se modifique la legislación para que el uso, con entrada ilegal, de una casa, conlleve una sanción penal y, sobre todo, la expulsión inmediata de los intrusos.

Frente a esta argumentación hay otra: Los casos de okupación son mínimos. Apenas un bajísimo porcentaje de los millones de casas que hay en España han sido okupadas. A este dato, que es cierto, se añade que se ha generado un relato alarmista, propiciado por las empresas de seguridad privada, para vender sistemas de alarma.

A esta situación se suman los casos de quienes presentan un falso contrato de alquiler, para retrasar el proceso de expulsión o quienes alquilan legalmente y dejan de pagar la renta para convertirse en inquiokupas.

Con estos datos las soluciones se presentan claras: Como los casos son mínimos es sencillo modificar la legislación, de manera que se proteja a las mayorías frente a quienes conculcan las leyes. Si existiera un mecanismo legal para lanzar con rapidez a quienes habitan una vivienda sin contrato o sin pagar la renta, se eliminaría el temor de los propietarios, con lo que se frenaría la venta de sistemas de seguridad y se facilitaría la puesta en alquiler de viviendas vacías, que no entran en el mercado por el miedo a la okupación. Y los afectados, los okupas, al ser muy pocos, no supondrían un problema serio.

El argumento de que las denuncias por okupación son pocas se cae por su peso: menos las hay de violencia machista, de robos, de atropellos por conductores con elevadas tasas de alcohol, de infracciones urbanísticas…

Existen casos especialmente graves, aquellos en los que quienes ocupan un inmueble son una familia con hijos menores a su cargo. Estas personas tienen una protección especial, que debe ser mantenida e implementada por el gobierno, y no recaer en el dueño del piso. Un Estado como el español, con un fuerte componente social, debe disponer de mecanismos que proporcionen viviendas a las familias con hijos menores a su cargo. El Estado tiene la obligación, y los medios, para ofrecer alojamientos dignos a quienes no pueden acceder a una vivienda. Una sociedad que dota de polideportivos a localidades de pocos habitantes, que invierte mucho dinero en mobiliario urbano, que es capaz de construir autovías, bibliotecas, centros de día y un largo etcétera, no puede eludir su responsabilidad en ofrecer una vivienda a quienes carecen de ella.

Los casos de okupación no son un bulo, ni los medios publican noticias falsas. En Cantabria hemos visto los casos de viviendas okupadas en las que aparecen las imágenes de sus dueños y se indica en qué calle se encuentra la casa. No son sucesos inventados. Tampoco lo son las situaciones de denuncia de los vecinos respecto del comportamientos incívicos de algunos okupas.

En una sociedad democrática y social se debe mantener, sin problemas –como sucede en la mayor parte de los países europeos– el respeto a la propiedad privada y la atención a los más desfavorecidos. España sufre una fuerte carencia de oferta de viviendas y eliminar ese déficit debe ser el objetivo de los gobernantes: facilitar que los promotores privados puedan desarrollar nuevos inmuebles y que los estamentos públicos aborden la edificación de viviendas destinadas al alquiler, con precios moderados, de forma que la renta media baje, al ajustar la oferta a la demanda. Si además, se garantiza a los propietarios seguridad, si alquilan sus pisos vacíos, se encauzará el problema de la carestía de la vivienda.